“Caso lencería”: Juez rechaza prisión preventiva y dicta arresto domiciliario a Camila Polizzi y coimputados

Durante la segunda jornada de formalización asociada al denominado “Caso lencería”, el juez Iohan León desestimó la solicitud de prisión preventiva para la ex aspirante al municipio penquista, Camila Polizzi, dictaminando arresto domiciliario total y arraigo nacional para todos los involucrados, incluyendo a Sebastián Polanco, Diego Polanco, Rodrigo Martínez Fernández y Simón Acuña Medina.

Las acusaciones apuntan a que Polizzi y su expareja, Sebastián Polanco, se apropiaron de la Fundación En Ti para obtener recursos por $250 millones desde el Gore del Biobío, simulando la ejecución de proyectos asociados a contratos con el Gobierno Regional del Biobío.

El Ministerio Público imputa a los involucrados cargos que incluyen estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. Durante la audiencia, la fiscal María José Aguayo presentó documentos incautados en allanamientos, revisión de dispositivos electrónicos y testimonios recabados por la Brigada de Delitos Económicos.

La defensa de Camila Polizzi, a cargo del defensor penal público Jaime Pacheco, cuestionó la figura de estafa y señaló la falta de sustento para la acusación de lavado de activos. Tras 16 horas de audiencia, el juez León Espinoza justificó su decisión, destacando la necesidad de cautelar el uso de los recursos públicos y señalando que la actuación de los imputados “raya en lo burdo”.

La investigación se extenderá por nueve meses, período en el cual se llevarán a cabo pericias adicionales, incluyendo la revisión de celulares y computadoras, así como la comparación de firmas.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, propuso el plazo de investigación, al cual se sumó el CDE, y fue aceptado por el juez, quien anunció que enviaría oficios a Carabineros para verificar el cumplimiento de las medidas cautelares.

Además, se informó que tres personas adicionales serán formalizadas en los próximos días en relación con este caso. Tamara Vidal, exfuncionaria del Gore, Matías Godoy, exrepresentante legal de la Otec Frumisal Ltda., y Eduardo Quezada, participante del convenio con su consultora EQOS, se sumarán a la lista de implicados en este complejo entramado judicial.