Categorías: Opinión

Inseguridad alimentaria y precariedad

Camilo Cornejo Orellana

Ingeniero agrónomo

Académico Ingeniería Comercial UNAB

La inseguridad alimentaria, que es la falta de acceso a alimentos nutritivos, ya sea por recursos, disponibilidad o dinero, ya no solamente afecta a países en vías de desarrollo, en conflicto o con crisis humanitarias, sino que puede extenderse a nivel global como consecuencia del cambio climático.

La escasez y el encarecimiento de los alimentos reflejan una falla estructural y el impacto de políticas económicas globales que subordinan los precios de bienes esenciales a la lógica del mercado. Si bien este sistema funciona razonablemente bien en países desarrollados, no ocurre lo mismo en aquellos en crisis, donde gran parte de la población vive en condiciones de extrema precariedad. Ejemplos claros se observan en naciones de África o América —como Venezuela y Cuba— donde un alto porcentaje de la población sobrevive con menos de un dólar diario. Solo por contextualizar, el 70 % de los venezolanos vive con menos de 1,9 USD al día. Esta realidad no solo compromete la alimentación, sino que también pone en riesgo el desarrollo y el futuro de los niños y jóvenes.

La FAO estima que más de 735 millones de personas en el mundo carecen de acceso estable a una alimentación suficiente. Sin embargo, detrás de esta cifra se esconden dos temas fundamentales: la falta de políticas públicas orientadas a la estabilización interna de los países en crisis y la ausencia de normativas claras que mitiguen los efectos del cambio climático, cuyos impactos ya están provocando el desplazamiento de poblaciones enteras y el surgimiento de migrantes climáticos.

En el caso de Chile, la situación es evidente, aproximadamente 2.9 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria, con 700 mil que experimentan inseguridad alimentaria severa. A pesar de ser un país exportador de alimentos, nuestro problema fundamental es la falta de poder adquisitivo en la población con menos recursos, que prioriza el consumo de Carbohidratos, papas, pan y arroz con huevo y embutidos, frente a una variedad de productos nutritivos y con aporte de los elementos fundamentales para el desarrollo, y esto no sucede por dieta, sino porque el dinero no alcanza (con un desempleo bordeando del 9%)

A lo anterior, se debe sumar el alza de precios en los últimos años, por efecto de pandemia y crisis políticas internacionales, que nos afectaron directamente como país, dejando al descubierto la fragilidad de la población, que en mayor o menor medida se vio afectada, en especial en sectores con menos recursos. Los alimentos subieron por encima del promedio de la inflación, lo que generó que muchos no tuviesen la opción de adquirir una variedad balanceada, sino solo una dieta de supervivencia.

La inseguridad alimentaria, entonces, no es un simple efecto de la inflación, sino un síntoma de desigualdad y mala planificación económica. Hoy pensar en un país exportador de alimentos que posee población con inseguridad alimentaria evidencia una falta de política pública, que permita nivelar la situación, no solo entregando bases sólidas al desarrollo, sino que, además, fomentando el empleo y acceso, y mejorando la competitividad de base, lo que permitirá entregar mayores opciones con precios idóneos.

La principal problemática es la falta de un mercado más competitivo, agricultores con mayores capacidades de adaptación y una política pública sólida, enfocada en innovar y mejorar las condiciones, en lugar que todo se traspase a los precios y al consumidor, y facilitando el empleo para incrementar el acceso a recursos.

La crisis alimentaria mundial es una dificultad de planteamiento país, el foco es el crecimiento y mejoras de condiciones del empleo, enfocarse en políticas que permitan establecer el desarrollo y que se piense en una adecuación agrícola, ante el inminente cambio climático. Ningún país crece ni se desarrolla si sus niños pasan hambre.

Prensa

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