¿Es posible coparentar con un agresor?

Ivonne Maldonado Directora Carrera de Psicología Universidad de Las Américas, Sede Concepción

La familia debiese ser un espacio de protección y seguridad. Sin embargo, el sistema judicial chileno registra más de 130 mil denuncias de violencia intrafamiliar al año. Muchas de ellas derivan en medidas cautelares, como órdenes de alejamiento entre el agresor y la víctima.

La situación se vuelve aún más compleja cuando existen hijos o hijas en común. La coparentalidad requiere acuerdos, respeto y corresponsabilidad, pero en contextos de violencia, el agresor suele intentar mantener el control mediante humillaciones y descalificaciones. Así, mensajes aparentemente destinados a coordinar temas relacionados con los hijos, pueden transformarse en herramientas para continuar ejerciendo el maltrato manteniendo a la madre en alerta, con miedo y sin poder defenderse ante agresiones solapadas.

En algunos casos, los hijos son utilizados como intermediarios entre los adultos, quedando atrapados en un limbo emocional que puede generar profundas consecuencias en su bienestar y desarrollo.

Frente a esta realidad, la respuesta es clara: no se puede exigir a una mujer que permanezca en un círculo de violencia. Tolerar situaciones de maltrato por el bien de los hijos afecta directamente la salud emocional y el bienestar de las madres, así como también el de los niños.

Se trata de una problemática compleja, que no tiene una única solución. Por ello, es fundamental avanzar en políticas públicas y normativas que resguarden el bienestar integral de las familias. Del mismo modo, resulta clave fortalecer redes de apoyo capaces de acompañar y sostener a las mujeres que viven este tipo de situaciones, así como visibilizar estas dificultades denunciando las conductas violentas que dañan a hijos y madres.

Como sociedad, también tenemos un rol importante: evitar los juicios, acompañar, validar y apoyar la búsqueda de soluciones. La violencia no puede normalizarse ni justificarse. Se requieren acciones concretas que permitan proteger a niños, niñas, adolescentes y mujeres que son víctimas de este fenómeno social del que aún cuesta hablar.