Es de conocimiento público entre los profesionales de la salud que, del 1 al 7 de agosto de cada año, se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, campaña internacional liderada por la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna (WABA).
Cabe destacar que nuestro país ha impulsado diversas iniciativas y promulgado leyes orientadas a promover, proteger y apoyar a las familias que desean amamantar, entre ellas la Ley 21.155, que establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio; la Ley 20.869, sobre publicidad de los alimentos; y la Ley 20.545, que modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora el permiso postnatal parental.
Sin embargo, es importante detenernos a analizar las cifras. Según datos del Ministerio de Salud, en Chile el 55,3% de los bebés fue alimentado hasta los 6 meses solo con lactancia materna, mientras que un 30,8% fue amamantado en combinación con otros alimentos. ¿Son suficientes las iniciativas que Chile ha llevado a cabo para asegurar la lactancia materna en sus niños? ¿Protege realmente nuestro país a las madres y familias que desean amamantar?
La evidencia es clara: un recién nacido debe alimentarse del pecho materno dentro de la primera hora de vida, y la lactancia debe ser exclusiva hasta los 6 meses. Sin embargo, solo la mitad de los lactantes logra cumplir esta recomendación.
Es clave que más familias logren la lactancia materna exclusiva, ya que aporta beneficios duraderos a madre e hijo, especialmente el fortalecimiento inmunológico, algo crucial ante el clima inestable actual (lluvias, frío e inundaciones), que favorece infecciones bacterianas, virales y respiratorias.
En este contexto, la lactancia materna se posiciona como una herramienta fundamental de protección para los más pequeños, al aportarles anticuerpos y factores inmunológicos que refuerzan sus defensas frente a estas amenazas estacionales.
Por ello, más que una recomendación aislada, la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida debe entenderse como una medida de salud pública urgente, que requiere del compromiso conjunto del Estado, los centros de salud y las propias familias para alcanzar las cifras que la evidencia científica recomienda.
Judith Ochar Riquelme , Académica Obstetricia USS
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