Un hombre de nacionalidad chilena fue detenido en la comuna de Hualqui, Región del Biobío, por detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros (BIPE) Angol, en coordinación con la Fiscalía Local de esa ciudad, por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión.

La investigación se inició luego de que una víctima denunciara ante la PDI que estaba siendo extorsionada por un sujeto que, tras acceder a información y datos asociados a usuarios de aplicaciones para adultos, los contactaba para exigirles importantes sumas de dinero.

El mecanismo utilizado, según los antecedentes reunidos durante la investigación, consistía en amenazar a las víctimas con publicar esa información en redes sociales si no accedían a sus exigencias económicas.

Frente a la denuncia, detectives especializados desplegaron diversas diligencias de análisis criminal e inteligencia policial, logrando establecer la identidad del presunto autor y ubicar su domicilio en Hualqui, Región del Biobío.

Con los antecedentes obtenidos, la PDI Angol coordinó con el Ministerio Público la obtención de las respectivas órdenes judiciales. De esta manera, detectives concretaron la entrada y registro del inmueble, donde lograron detener al imputado.

Durante el procedimiento fueron incautados más de $2 millones 800 mil en dinero en efectivo, diversos teléfonos celulares, tarjetas SIM de distintas compañías telefónicas y tarjetas bancarias, especies que serán sometidas a los respectivos peritajes y análisis investigativos para determinar su vinculación con los hechos.

El detenido será puesto durante la mañana de este sábado a disposición del Juzgado de Garantía de Angol, para el correspondiente control de detención.

La investigación, sin embargo, continúa. Detectives de la BIPE Angol realizan nuevas diligencias destinadas a establecer si existen otras víctimas y determinar el alcance que habría tenido este mecanismo de extorsión a nivel nacional.

El sujeto mantenía dos órdenes de detención vigentes por homicidio e infracción a la Ley de Armas y fue capturado por la PDI en el sector La Puntilla de Quidico. La investigación lo vincula con la muerte de Manuel Huenupil, quien habría sido atacado a balazos en 2022 en medio de una disputa por un predio.

Un importante operativo policial terminó este miércoles con la captura en Tirúa de un integrante de la organización radical WAM que se encontraba prófugo de la justicia y que era buscado por su presunta participación en el homicidio de Manuel Huenupil, crimen ocurrido durante 2022 en la comuna de Carahue, Región de La Araucanía.

La detención fue concretada durante la tarde por detectives de unidades especializadas de la Prefectura Macrozona Sur de la Policía de Investigaciones, quienes lograron ubicar al imputado en la localidad de Quidico, comuna de Tirúa, provincia de Arauco. El procedimiento contó además con apoyo de personal del Ejército y de la Armada y finalizó sin que se registraran incidentes.

Lo encontraron en un domicilio de Quidico

De acuerdo con los antecedentes policiales, el sujeto mantenía dos órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de homicidio e infracción a la Ley de Armas. Las diligencias investigativas permitieron establecer su ubicación al interior de un inmueble del sector La Puntilla, hasta donde llegaron los equipos especializados para concretar su captura.

La investigación vincula al detenido con el homicidio de Manuel Huenupil, ocurrido en 2022 en Carahue. Según los antecedentes recopilados durante la indagatoria, la víctima habría sido atacada con armas de fuego por integrantes de la WAM, en medio de una disputa relacionada con un predio ubicado en la zona.

Tras ser detenido, el imputado fue trasladado hasta el Complejo Policial de la PDI en La Araucanía, donde permanecerá hasta ser puesto a disposición de la justicia. Durante la jornada de este jueves deberá comparecer ante el Juzgado de Garantía de Carahue para el correspondiente control de detención.

Cerca de diez detenidos por el crimen

La captura se suma a una serie de procedimientos desarrollados durante la investigación por el homicidio de Huenupil. De acuerdo con la información policial, cerca de una decena de personas han sido detenidas por su vinculación con estos hechos, mientras continúan las diligencias destinadas a establecer las responsabilidades individuales de todos quienes habrían participado.

El caso ya registra además condenas. Cinco personas fueron sentenciadas a 12 años de presidio efectivo a comienzos de agosto, en el marco de la investigación por el crimen ocurrido en Carahue, mientras la PDI ha mantenido las diligencias para localizar a otros involucrados y esclarecer completamente la dinámica del ataque.

Con la detención realizada este miércoles en Quidico, la investigación suma un nuevo avance sobre un homicidio que se remonta a 2022. Ahora será el Juzgado de Garantía de Carahue el que deberá conocer los antecedentes relacionados con el detenido, mientras la PDI continúa las diligencias para determinar la totalidad de las responsabilidades en el crimen de Manuel Huenupil.

Pedro Francisco González Cisternas fue formalizado por homicidio simple. La Fiscalía sostiene que, tras una discusión, habría atacado a la víctima en la cabeza y al día siguiente trasladado el cuerpo hasta un sitio eriazo.

En prisión preventiva quedó Pedro Francisco González Cisternas, imputado por el Ministerio Público como autor de un homicidio simple ocurrido en julio pasado en el sector de caleta El Soldado, en Talcahuano.

La medida cautelar fue decretada este miércoles 19 de agosto por el Juzgado de Garantía de Talcahuano, luego de la audiencia de formalización correspondiente a la causa rol 3.122-2026.

El magistrado Felipe Vega Letelier ordenó el ingreso de González Cisternas a prisión al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, estableció un plazo de tres meses para desarrollar la investigación.

Fiscalía indaga ataque con un hacha

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los hechos se remontan a la noche del 17 de julio de 2026, cuando la víctima se encontraba junto al imputado al interior del domicilio de este último.

La vivienda está emplazada en una propiedad aledaña a un terreno de la Armada, en el sector conocido como caleta El Soldado, en la comuna de Talcahuano.

Según la imputación de la Fiscalía, en esas circunstancias se habría iniciado una discusión entre ambos. El conflicto terminó, de acuerdo con la tesis del ente persecutor, cuando González Cisternas habría agredido a la víctima con un hacha en la cabeza.

Cuerpo habría sido trasladado al día siguiente

La investigación sostiene que los hechos no terminaron con la agresión.

Según el Ministerio Público, al día siguiente González Cisternas habría trasladado el cuerpo aproximadamente 150 metros desde la vivienda, para posteriormente abandonarlo en un sitio eriazo caracterizado por su abundante vegetación.

Estos antecedentes fueron considerados durante la formalización en contra del imputado, quien quedó sujeto a la medida cautelar más gravosa mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer completamente lo ocurrido.

Con la prisión preventiva decretada por el juez Felipe Vega Letelier, la Fiscalía tendrá ahora tres meses para profundizar la investigación del homicidio ocurrido en caleta El Soldado y reunir los antecedentes que permitan determinar las circunstancias exactas del crimen.

*El informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello identifica a Concepción, San Pedro de la Paz y Talcahuano como las comunas con mayor número de homicidios. Estudio evidencia un cambio estructural en la criminalidad regional.*

Una transformación estructural y cualitativa del delito, marcada por un aumento drástico en la violencia letal y la consolidación de dinámicas propias del crimen organizado en la Región muestra el informe “Radiografía de la seguridad en Chile 2025: desafíos en el contexto del nuevo gobierno, región del Biobío” elaborado por el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo OCRIT de la Universidad Andrés Bello.

El informe presentado este martes 4 de agosto, en un conversatorio en que participaron el coordinador del OCRIT UNAB, Pablo Urquízar, la prefecta Inspectora Jefa de la Región Policial del Biobío, Claudia Chamorro, y el seremi de Seguridad Pública de la Región del Biobío, Richard Soto, muestra variaciones relevantes en diez delitos potencialmente asociados al crimen organizado: homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de sustancias, robos con violencia o intimidación, robo por sorpresa, robo de vehículos motorizados, porte de armas o explosivos, porte de armas cortantes o punzantes y usurpaciones. El reporte utiliza información oficial del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), Carabineros de Chile y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Urquízar detalla que “la seguridad pública es uno de los principales desafíos de Chile, por el aumento de la violencia, la expansión del crimen organizado y la sofisticación de las economías ilícitas. En ese escenario, Biobío tiene un rol estratégico por su concentración poblacional, actividad económica e infraestructura portuaria, lo que la convierte en un territorio prioritario para la prevención y persecución del delito”.

*Crecen los homicidios*

Entre los hallazgos más relevantes, el informe evidencia que, excluyendo los femicidios, los homicidios registraron un incremento acumulado de 130,8% entre 2014 y 2025 en la zona. A nivel comunal, Concepción presentó un aumento de 350%, San Pedro de la Paz de 57,1% y Talcahuano el mayor incremento, con 1.000%. Estas tres comunas concentraron además la mayor cantidad de homicidios durante 2025, año en que se registraron 90 casos en total: 18 en Concepción y 11 tanto en San Pedro de la Paz como en Talcahuano.

El informe también da cuenta de un aumento en los secuestros, que crecieron 57,9% en el mismo período. Asimismo, los delitos asociados al uso de armas y explosivos alcanzaron en 2025 su nivel más alto de toda la serie histórica, con un incremento acumulado de 77,2% respecto de 2014. Esta cifra refleja un mayor poder de fuego de las bandas criminales. Entre las comunas con mayores alzas destacan Tomé, con un aumento de 450%, Los Ángeles, con 233%, y San Pedro de la Paz, con 171%.

“Este análisis nos muestra una heterogeneidad en los tipos delictuales según territorio, lo que confirma la necesidad de políticas focalizadas según la realidad local. En ello es clave que los planes comunales de seguridad pública estén en sintonía con la política regional y está con la política nacional en la materia, de manera de que el Sistema llegue a las distintas comunas”, explica.

Otro antecedente relevante es que en la zona se ha registrado, además, una tendencia creciente y preocupante en el porte de armas o explosivos, con un aumento del 77,2% entre 2014 y 2025. “Esto refleja una mayor disponibilidad de armamento y un incremento de la capacidad operativa y de fuego de estas bandas para controlar mercados ilícitos”.

*Tráfico de sustancias*

La evolución del tráfico de sustancias en la Región del Biobío durante el período 2014-2025 muestra una tendencia fluctuante, con una disminución entre 2014 y 2020, seguida de una recuperación sostenida hasta 2023 y una posterior reducción en los dos últimos años, con 183 casos policiales detectados en 2025.

Urquízar describe que, al revisar los porcentajes, “en el caso de Biobío y por las características de la Región se observa un desplazamiento importante del narcotráfico a zonas rurales. Se identifica un cambio drástico con una disminución en comunas tradicionales como Concepción o Talcahuano, versus una explosión en nudos logísticos como Cabrero, que registró un aumento sin precedentes del 3.800% en casos de tráfico desde 2014”, señala.

A pesar de este desplazamiento porcentual, el tráfico de sustancias mantiene una amplia dispersión geográfica y sigue concentrándose en términos absolutos en las comunas urbanas y más pobladas. En el acumulado de la serie (2014-2025), aquellas con mayor número de casos son Concepción (353), Los Ángeles (321), Talcahuano (154), Cabrero (122) y San Pedro de la Paz (117).

En el último año, además, se observaron nuevos movimientos y aumentos focalizados en comunas como Arauco (+400%), Hualqui (+200%), Nacimiento (+200%) y Curanilahue y Negrete (+100%). “Se evidencia la capacidad adaptativa de las redes criminales, que modifican sus patrones de distribución y encuentran nuevos territorios para operar”, señala el coordinador OCRIT.

*Desafíos para el Gobierno*

El informe busca orientar en la política pública basada en evidencia especialmente para la prevención del delito y desde esta perspectiva, propone desafíos críticos para el actual gobierno centrados en revertir la consolidación del crimen organizado y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado. Esto, implica, en primer lugar, detener la transformación de la violencia, en especial, aquella utilizada para disciplinar territorios y eliminar competidores, como el homicidio, el secuestro y la extorsión.

Otro punto relevante es enfrentar la crisis estructural de las cárceles, que hoy funcionan como centros de reproducción del crimen organizado. Además del fortalecimiento de la inteligencia y coordinación, modernizando el sistema y fomentando la colaboración entre agencias y sistemas de información, recalcando la necesidad de un Sistema de Inteligencia Regional que hoy no existe.

En este sentido, Urquízar resalta que “no es posible enfrentar verdaderamente el crimen organizado sin Inteligencia. Lamentablemente, hasta hoy, la Inteligencia tiene más bien una mirada centralista y no regional ni local, de ahí la necesidad de una Agencia de Inteligencia Regional”.

Actividad busca fortalecer el trabajo conjunto entre ambas instituciones.

Con la finalidad de analizar la normativa vigente de Trazabilidad Animal, funcionarios/as del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Biobío realizaron una capacitación a personal de Carabineros de Chile de la Subcomisaria de Policía Montada y perros policiales de Concepción.

“Para nosotros como SAG esta es una actividad muy relevante, ya que nos permite fortalecer el trabajo conjunto que desarrollamos con Carabineros de Chile. Hoy revisamos los principales aspectos de la normativa de trazabilidad animal, la documentación requerida, los dispositivos de identificación oficial y el sistema informático SIPECweb”, indicó el Director Regional del SAG de Biobío, Roberto Ferrada.

Por su parte, el Teniente Juan Guillermo Madrid, de la Subcomisaria de Policía Montada y perros policiales de Concepción, valoró esta jornada de capacitación. “Esta actividad fue muy positiva, ya que entregó herramientas al personal operativo territorial sobre la importancia de la trazabilidad del movimiento del ganado de un predio a otro”.

En la oportunidad, se aclararon las dudas sobre la normativa de trazabilidad animal como también sobre el perfil que tiene el personal de Carabineros en la plataforma SIPECweb, a través de la cual se pueden entregar Formularios de Movimiento Animal (FMA) y consultar por el Rol Único Pecuario (RUP) de los predios y el registro de los Dispositivos de Identificación Individual Oficial (DIIO) en el caso de los bovinos y de un microchip en équidos.

Una organización criminal con base en la Región del Biobío fue desbaratada tras un operativo de la PDI que permitió detener a 17 personas, acusadas de asaltar camiones en la Ruta 5 Sur, en distintos tramos entre el Maule y Puerto Montt.

El procedimiento, denominado “Operación Oculto Sur 1”, fue liderado por la Brigada de Investigación Criminal de Mulchén, comuna donde además se concentraba parte importante de la operación del grupo, ya que allí se trasladaban y distribuían las especies robadas.

De acuerdo con los antecedentes, la banda actuaba de manera organizada y con roles definidos. Mientras algunos integrantes interceptaban camiones en la ruta, otros se encargaban de ocultar, acopiar y comercializar la carga sustraída en el mercado informal.

Los asaltos se realizaban en distintos puntos de la Ruta 5 Sur, tanto en plena carretera como en zonas de detención, afectando directamente a transportistas que circulan a diario por esta vía. Entre las especies robadas se encontraban productos de consumo masivo como abarrotes, leche, útiles de aseo y bebidas alcohólicas.

Durante los allanamientos, la policía incautó armas de fuego, municiones, droga —incluyendo cannabis y clorhidrato de cocaína—, además de vehículos, dinero en efectivo, teléfonos celulares, joyas, herramientas, equipos tecnológicos y alimentos destinados a exportación.

El fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal, Michelangelo Bianchi, destacó que la investigación permitió abordar un fenómeno delictual complejo, vinculado al robo sistemático de camiones en la Ruta 5 Sur, mediante el uso de diversas técnicas investigativas.

Este caso vuelve a evidenciar un problema que afecta directamente a quienes utilizan esta carretera. Según cifras del sector, en Chile se roban cerca de 300 camiones al año, lo que equivale a prácticamente uno diario.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Mulchén y serán formalizados por delitos como asociación criminal, robo con violencia e intimidación, receptación, abigeato e infracciones a la Ley de Drogas y de Armas.

El operativo desarticula a esta banda del Biobío, pero confirma una preocupación persistente en la Ruta 5 Sur: el robo de camiones sigue siendo un delito activo y de alto impacto para quienes viven y trabajan en torno a esta vía.

El tribunal de alzada amplió los delitos imputados, incorporando soborno y tráfico de armas; Fiscalía sostiene que las acusadas manipulaban audiencias, accedían a información reservada y alertaban a sus clientes sobre diligencias.

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la prisión preventiva para las abogadas Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara, en el marco de una investigación por asociación criminal y otros delitos que afectan directamente el funcionamiento del sistema de justicia penal en la ciudad de Los Ángeles.

La decisión fue informada por la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, quien destacó que el tribunal de alzada no solo ratificó la medida cautelar, sino que además incorporó nuevos delitos a los ya acreditados en primera instancia, entre ellos soborno y tráfico ilícito de armas.

Las imputadas, que ejercían libremente la profesión, permanecen recluidas en el penal Biobío, mientras avanzan las diligencias en una causa que también considera cargos por asociación criminal, obstrucción a la investigación, acceso indebido a sistemas informáticos y prevaricación del abogado.

En su resolución, adoptada de forma unánime, los ministros de la Corte señalaron que las formalizadas constituyen “un peligro para el éxito de la investigación y para la seguridad de la sociedad”, subrayando además que las conductas atribuidas “afectan directamente la fe pública y la administración de justicia”.

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, entre 2017 y marzo de 2025 las abogadas habrían articulado un mecanismo destinado a influir en procesos judiciales, cooptando a un funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Nelson Sáez Reyes, encargado de actas, con el fin de intervenir en la programación de audiencias.

Dicho mecanismo habría permitido direccionar causas hacia una magistrada —también imputada— que resolvía en favor de sus intereses, configurando un esquema que comprometía la imparcialidad del sistema.

La investigación también vincula a otros actores. El exdefensor local jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado —esposo de una de las imputadas— fue formalizado por revelación de secreto y quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados.

Asimismo, el funcionario judicial Nelson Sáez Reyes enfrenta cargos por cohecho reiterado y cumple arresto domiciliario total, además de las prohibiciones de salir del país y de contacto con los involucrados.

De acuerdo con la Fiscalía, la red también habría accedido a información reservada desde sistemas de la Defensoría y del Ministerio Público, lo que permitía anticipar diligencias, advertir a imputados y alterar el desarrollo de investigaciones en curso.

“Entre las conductas investigadas se encuentra el haber advertido a clientes de diligencias reservadas de la Fiscalía y de las policías, además de entregar antecedentes falsos y simular colaboraciones eficaces”, se indicó en la audiencia.

La Fiscal Regional precisó que tanto la magistrada como un fiscal mencionado en la causa aún no han sido formalizados, ya que para ello se requiere la aprobación de una querella de capítulos por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción, trámite que será presentado en los próximos días.

El Juzgado de Garantía de Los Ángeles fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación, la cual está siendo llevada adelante por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Ñuble.

El caso se mantiene en pleno desarrollo y pone el foco en eventuales vulneraciones graves al funcionamiento del sistema judicial, con una investigación que busca esclarecer el alcance total de la red y las responsabilidades penales involucradas.

Rocío Zúñiga, Académica Enfermería Universidad Andrés Bello Concepción.

Durante las vacaciones las actividades cambiaron, los hábitos cambiaron, al acostarse más tarde, despertarse sin horarios fijos y sin esa alarma que suele acompañarnos son parte de la nueva rutina. No obstante, estamos a horas del temido y poco querido “Súper lunes”, el día que todo retorna a la “normalidad”. Ante este escenario, el sueño puede ser una víctima en la abrupta transición del descanso vacacional a la rutina habitual.

Dormir no es solo una necesidad básica, sino un proceso fundamental para la salud física, mental y emocional. Mientras dormimos se consolidan aprendizajes, se regulan emociones y se recupera el organismo para hacer frente a las nuevas demandas que surgen diariamente. Según la Academia Americana de Medicina del Sueño las niñas y niños de 6 a 12 años, que regularmente se encuentran en periodo escolar, deben dormir de 9 a 12 horas diarias, mientras que los adolescentes necesitan entre 8 y 10 horas de sueño y los adultos al menos 7 horas para asegurar un buen descanso.

Cuando estos requerimientos no se cumplen o se hacen cambios repentinos en las horas de sueño, puede haber consecuencias. En niñas, niños y adolescentes se pueden generar dificultades de concentración, mayor irritabilidad y problemas en el rendimiento escolar. Mientras que, en personas adultas, el dormir menos de lo recomendado puede asociarse a menor productividad, aumento del estrés, y cuando es mantenido en el tiempo, incluso puede conllevar a alteraciones del ánimo y mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.

Frente a esta situación, surge la interrogante de cómo evitar este “daño colateral”. Una estrategia efectiva es realizar una transición progresiva del horario del sueño, lo que se puede realizar mediante las llamadas aproximaciones sucesivas, ajustando el reloj biológico unos 15 a 20 minutos cada noche, adelantando tanto la hora de ir a la cama como la de levantarse, lo que permite que el cuerpo asimile el cambio sin el estrés fisiológico que provocan estos cambios. Por otra parte, se debe considerar la higiene del sueño, donde se contemplan actividades como: disminuir la exposición a la luz azul al menos una hora antes de dormir, dejando de lado el celular, el computador o el televisor; propiciar ambientes tranquilos con luz adecuada y ruidos controlados; así como evitar comidas muy abundantes justo antes de acostarse. No se trata de imponer estas medidas de manera drástica y restar el relajo a las vacaciones, sino de retornar de forma paulatina al ritmo biológico de descanso.

Un sueño reparador no solo mejora el rendimiento académico y laboral, sino que también nos permite enfrentar el año con mayor energía, mejor salud y ánimo para todo lo que ha de venir.

Tribunal acreditó que el acusado amenazó a la víctima con matar a su familia, la mantuvo privada de libertad por casi tres semanas y finalmente la violó.

Un fallo contundente marcó el cierre de uno de los casos que ha conmocionado a Curanilahue. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete condenó a Javier Rodrigo Parra Pérez a la pena de presidio perpetuo como autor del delito consumado de secuestro calificado con circunstancia de violación, hechos ocurridos entre fines de septiembre y mediados de octubre de 2024.

En decisión unánime, el tribunal —integrado por los magistrados Maritza Aldana Cabezas, José Cánovas Fuentes y Rodrigo González-Fuente Rubilar— estableció que la culpabilidad del acusado quedó acreditada más allá de toda duda razonable.

Según lo expuesto en juicio, el imputado abordó a la víctima en la población Eleuterio Ramírez de Curanilahue, movilizándose en un furgón. Tras negarse la joven a subir al vehículo, fue amenazada con una frase directa y brutal: si no obedecía, mataría a toda su familia. El temor generado la obligó a acceder.

Posteriormente, fue trasladada hasta un domicilio en la misma comuna, donde el condenado la mantuvo privada de libertad durante aproximadamente tres semanas. Durante ese tiempo, solo podía salir bajo estricta supervisión del agresor, quien la amenazaba reiteradamente con matarla si intentaba escapar y la agredía físicamente.

Días antes del 18 de octubre de 2024, el acusado llevó a la joven a un dormitorio del inmueble, donde la violó.

Además de la pena de presidio perpetuo, el tribunal impuso las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y la pérdida de derechos políticos de por vida. En caso de que eventualmente recupere la libertad, quedará sujeto a vigilancia de la autoridad por un máximo de 10 años.

Una vez que el fallo quede firme, se ordenó también la toma de muestras biológicas del condenado para incorporar su huella genética al Registro Nacional de ADN de condenados.

Tribunal decretó su ingreso al centro de internación de Coronel y dio cuatro meses para investigar el brutal crimen ocurrido el martes pasado.

Un hecho que estremeció a la comuna de Tomé tuvo hoy un nuevo capítulo judicial. El Juzgado de Garantía dejó sujeto a la medida cautelar de internación provisoria al adolescente C.A.H.H., imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de parricidio.

En la audiencia de formalización, realizada este viernes 20 de febrero, la magistrada María Carolina Torrealba Sandoval ordenó su ingreso al Centro de Internación Provisoria de Coronel, al estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Asimismo, fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la fiscalía, la tarde del 17 de febrero de 2026 el adolescente se encontraba junto a su padre en la plaza de armas de Tomé. En ese lugar, lo habría atacado con un cuchillo en al menos cuatro ocasiones, provocándole heridas de extrema gravedad que le causaron la muerte.

Tras la agresión, el joven huyó del sitio del suceso, pero fue localizado y detenido horas después por personal policial.

La causa continuará ahora bajo investigación, mientras el imputado permanece privado de libertad en régimen de internación provisoria, a la espera de que se determinen las responsabilidades penales en uno de los casos más impactantes registrados en la comuna en los últimos años.