Lucas Serrano, cientista político y director de la carrera de Administración Pública, Universidad San Sebastián Concepción.

El próximo 11 de marzo Chile vivirá un nuevo cambio de mando presidencial, uno de los rituales más significativos de nuestra tradición republicana. Desde el retorno a la democracia, y aun antes en nuestra historia institucional, el traspaso del poder ha sido un momento de continuidad del Estado por sobre las disputas políticas. La ceremonia, la banda presidencial y los gestos protocolares no son meras formalidades: son símbolos de estabilidad institucional. Por lo mismo, resulta llamativo que esta transición llegue precedida por un nivel de tensión pocas veces visto. Incluso en cambios de ciclo particularmente intensos -como el retorno a la democracia- no existe registro de un traspaso marcado por un quiebre tan explícito entre las administraciones saliente y entrante.

La controversia en torno al llamado “cable chino” terminó por tensionar una transición que ya venía cargada de desconfianzas. Más allá del detalle técnico del proyecto, lo que se instaló fue una disputa sobre transparencia, información y responsabilidades políticas en el cierre de un gobierno. El resultado fue un deterioro poco habitual del clima de transición, con reuniones suspendidas y recriminaciones cruzadas que han elevado innecesariamente el tono de un proceso que, por definición, debería ser institucional antes que político.

Pero el país también enfrenta algo más profundo: el balance inevitable de un ciclo que termina. Como ocurre con todo gobierno, la administración de Gabriel Boric deja luces y sombras. Hubo impulsos reformistas y una voluntad de abrir nuevas discusiones generacionales, pero también dificultades de gestión, episodios de improvisación política y un cierre marcado por controversias que han terminado empañando su último tramo.

El gobierno entrante, por su parte, tampoco tendrá una larga luna de miel. José Antonio Kast llega al poder impulsado por la narrativa de un “gobierno de emergencia”, construida durante la campaña frente a las urgencias ciudadanas en seguridad, orden público y crecimiento económico. Esa retórica genera expectativas inmediatas y obligará a que sus primeras señales combinen sentido de urgencia con prudencia institucional. Gobernar en clave de emergencia exige decisión, pero también claridad estratégica.

A ello se suma un desafío mayor en política exterior. Chile deberá navegar con cuidado el delicado equilibrio entre sus relaciones con Estados Unidos y China, nuestro principal socio comercial. El episodio del cable submarino mostró con claridad cómo las tensiones geopolíticas globales pueden impactar en decisiones nacionales aparentemente técnicas.

En este contexto, el cambio de mando adquiere un significado que trasciende la coyuntura. Más allá de las fricciones propias de la política, el 11 de marzo debe recordar algo esencial: que la fortaleza de las instituciones chilenas no descansa en la ausencia de conflicto, sino en la capacidad de conducirlo con sensatez y dentro de las reglas republicanas que han dado estabilidad al país durante décadas.

En todo Chile, cientos de empresas —desde grandes constructoras hasta pequeñas firmas proveedoras y de servicios especializados— enfrentan una realidad que se ha vuelto cada vez más recurrente: contratos terminados anticipadamente, pagos retenidos sin justificación y procesos administrativos que dejan a las pymes sin defensa ni respaldo frente al Estado.

De esa necesidad de justicia, transparencia y equilibrio nació la CONECH A.G. (Asociación Gremial de Contratistas del Estado de Chile), una organización abierta a todas las empresas contratistas y proveedoras del Estado, sin importar su tamaño o región, que busca fortalecer la representación gremial, defender los derechos de sus asociados y promover una nueva forma de relación entre la administración pública y el sector productivo.

Inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo bajo el número 5360/2023, la CONECH A.G. surge como una respuesta organizada ante una problemática estructural que por años ha afectado a quienes ejecutan obras, prestan servicios o proveen insumos al Estado: la falta de equilibrio, transparencia y responsabilidad en la gestión de los contratos públicos.

Representar, acompañar y equilibrar

El propósito de la CONECH A.G. es claro: representar, acompañar y defender los derechos de los contratistas y proveedores del Estado, promoviendo una contratación pública más justa, transparente y eficiente, que equilibre la relación entre el Estado y las empresas que lo hacen posible.

Durante la pandemia, la asociación identificó un patrón de malas prácticas que trascendía sectores: terminaciones unilaterales, retenciones arbitrarias, ejecuciones de garantías y atrasos prolongados, afectando no solo al rubro de la construcción, sino también a empresas de servicios, tecnología, seguridad, mantenimiento, etc. y proveedoras.

Convenios que marcan la diferencia

Uno de los principales hitos de la organización fue la firma del convenio con PRF & Asociados, estudio jurídico especializado en derecho administrativo, que financia la operación de la CONECH A.G. y permite que ser socio no tenga costos de incorporación ni mensualidades.

Gracias a esta alianza, las empresas afiliadas pueden acceder a asesoría y representación jurídica sin costo fijo, bajo un modelo basado exclusivamente en los resultados de recuperación efectiva de los recursos retenidos o adeudados por organismos públicos.

A este avance se suma el convenio suscrito con la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), firmado en marzo de 2025, que brinda respaldo técnico y académico a través de investigaciones en derecho administrativo, análisis de jurisprudencia y el apoyo a la fecha de siete alumnos pasantes de la carrera de Derecho.
Así, la CONECH une la experiencia gremial con el prestigio académico de una de las universidades más importantes del país.

Presencia nacional y representación territorial

Con más de 50 empresas asociadas y una comunidad digital que ha superado los 1.000 seguidores en solo dos semanas, la CONECH A.G. se consolida como un actor gremial con presencia real y proyección nacional.

Para asegurar una estructura descentralizada y cercana, la organización cuenta con delegados regionales que representan al gremio en terreno, canalizan casos y promueven la organización en cada territorio.

Actualmente, los delegados regionales son:
•Francisco Ríos – Tarapacá
•Enrique Miranda – Antofagasta
•Alejandro Urquieta – Coquimbo
•Rodrigo Valenzuela – O’Higgins
•Sergio Molina – Biobío
•Rodrigo González – La Araucanía
•Jorge Pávez – Los Lagos
•Patricio Flores – Región Metropolitana

Una causa con impacto social

El presidente de la asociación, Patricio Rojas, ha sido enfático en señalar que el problema no se limita al plano económico, sino que tiene una profunda repercusión social:

“Detrás de cada empresa hay familias, trabajadores y proveedores que han sostenido al país con su trabajo. Nuestro compromiso es que ninguna empresa quede sola frente al Estado”, señala Rojas.

En la misma línea, el secretario de la CONECH A.G., Patricio Flores, resalta la necesidad de construir una red nacional de apoyo gremial: “Cuando una obra se detiene o un contrato se termina injustificadamente, no solo pierde la empresa, sino también la comunidad. Cada jardín infantil que no se entrega, cada centro de salud paralizado y cada proyecto que se retrasa impacta directamente en la calidad de vida de los chilenos. Por eso, nuestro llamado es a unir fuerzas: empresarios, trabajadores, proveedores y profesionales del sector público deben entender que mejorar la contratación pública es mejorar el país.”

Un llamado a las empresas de todo Chile

La CONECH A.G. extiende una invitación abierta a todas las empresas contratistas y proveedoras del Estado, especialmente a aquellas que hayan enfrentado términos anticipados, retenciones injustificadas o atrasos en los pagos, así como a las que actualmente trabajan con instituciones públicas.

“Queremos que más empresas se sumen, no solo para defender lo que les corresponde, sino para construir juntos un nuevo estándar de equidad y responsabilidad en la administración pública”, subraya Flores.

El llamado es a unir fuerzas, organizarse y actuar juntos frente a una situación que afecta no solo a las empresas, sino al bienestar de todos los chilenos. “Cuando las empresas se organizan y colaboran entre sí, el país avanza. Esa es la convicción que mueve hoy a la CONECH A.G.”, declararon.

Contacto y redes

Correo: secretario@conech.cl
Sitio web: www.conech.cl
Redes sociales: @conechag

Asociación Gremial de Contratistas del Estado de Chile – CONECH A.G.
“Unidos por una contratación pública más justa.”

En abril de 2024, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron un alza en doce meses de 6,4% y 6,5%, respectivamente.

Por sector económico, comercio, industria manufacturera y administración pública consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)- creció 2,3% en doce meses, acumulando una variación de -0,5% en lo que va del año.

La remuneración media por hora ordinaria se situó en $6.298, anotando un alza interanual de 6,6%. Para las mujeres, el valor alcanzó $6.095, lo que significó una variación anual de 6,7%; mientras que para los hombres se situó en $6.484, registrando un aumento de 6,6% en el mismo período.

El costo laboral medio por hora total fue $7.194, consignando un crecimiento de 6,7% en doce meses. Este valor se ubicó en $6.933 para las mujeres, con un alza de 6,5%, y en $7.433 para los hombres, con un aumento de 6,8% en el mismo período.

La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -6,0%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -6,7%.