Sentencia reconoció que tres trabajadores despedidos en 1996 fueron privados durante décadas de una tutela judicial efectiva y su derecho al trabajo. La profesora de la UCSC María Cristina Melgarejo representó a dos de las víctimas como defensora pública interamericana.

Después de casi tres décadas desde los hechos que originaron el caso y cerca de 25 años desde que se presentó la denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Perú por vulnerar los derechos de tres extrabajadores de la Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU), estableciendo que la reincorporación laboral tardía no fue suficiente para reparar las consecuencias derivadas de la falta de una respuesta judicial efectiva.

En este proceso participó la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), María Cristina Melgarejo Sáez, quien se desempeñó como defensora pública interamericana de dos de las víctimas, Ernesto Yovera Álvarez y Gloria Cahua Ríos.

Los hechos se remontan a 1996, cuando los tres trabajadores fueron desvinculados de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) en el marco de un programa de racionalización de personal impulsado por el Estado peruano. Aunque años más tarde fueron reincorporados, la Corte concluyó que los tribunales internos nunca analizaron de manera efectiva la legalidad de los despidos ni protegieron adecuadamente sus derechos, lo que terminó afectando no solo su situación laboral, sino también su integridad personal y sus proyectos de vida.

La sentencia determinó que Perú vulneró los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, al trabajo y a la integridad personal de las víctimas. Asimismo, ordenó el pago de indemnizaciones, medidas de reparación y la publicación del fallo como forma de reconocimiento de responsabilidad internacional.

Una defensa desarrollada desde el Sistema Interamericano

La profesora María Cristina Melgarejo explicó que su participación comenzó en 2022, cuando fue designada como defensora pública interamericana para representar a personas que carecen de representación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

"El primer caso que me fue asignado fue el de don Ernesto Yovera y doña Cahua Ríos, ambos de nacionalidad peruana y que alegaban contra el Estado Peruano violaciones de los derechos a garantías judiciales, derecho al trabajo, entre otros, producidos en los años 1995 y siguientes", explicó.

Posteriormente, en 2023, la Corte IDH la designó, junto a los defensores públicos interamericanos María Cristina Meneses, de Ecuador, y Davi Quintanilha, de Brasil, para asumir la representación de ambas víctimas durante la tramitación del caso ante el tribunal internacional. "En este contexto, nos correspondió contactarnos con nuestros representados, hacernos cargos de sus peticiones, producir prueba, presentar escritos y alegatos, a fin de dar cumplimiento a los distintos hitos procedimentales ante dicho organismo internacional, para lograr la convicción de este acerca de la efectividad de las violaciones alegadas y sus perniciosos efectos que estas produjeron en la vida de nuestros representados", señaló.

Reconstruir un caso ocurrido décadas atrás

Uno de los principales desafíos de la defensa fue acreditar los efectos que los despidos continuaban produciendo casi treinta años después de ocurridos. "El extenso tiempo transcurrido entre las violaciones de derechos y la tramitación del caso ante la Corte IDH, implicó reconstruir hechos y acreditar sus consecuencias décadas después. A ello se sumaron las dificultades derivadas de la lejanía geográfica de las víctimas, que obligaron a desarrollar un trabajo de coordinación y levantamiento de antecedentes mediante plataformas y mecanismos remotos", indicó la académica de la UCSC.

"Otro desafío relevante fue demostrar, con evidencia técnica, que los ceses ilegales y la ausencia de tutela judicial efectiva no solo produjeron perjuicios laborales, sino también profundas consecuencias personales, familiares y sociales. Para ello, la defensa optó por un abordaje integral e interdisciplinario, incorporando peritajes especializados que permitieron acreditar el impacto desde distintas perspectivas y fortalecer la prueba presentada ante la Corte", añadió.

En este trabajo participaron desde Chile el Dr. Álvaro Domínguez, quien elaboró el peritaje jurídico-laboral, y los investigadores Milton Contreras y Felipe Norambuena, responsables del peritaje social, que documentó las consecuencias familiares, sociales y sobre el proyecto de vida de las víctimas.

"En conjunto, estos peritajes fueron fundamentales para ofrecer a la Corte una comprensión integral del daño sufrido y respaldar la necesidad de una reparación acorde con la magnitud de las vulneraciones acreditadas", destacó Melgarejo.

Un precedente para la protección de los derechos humanos

La académica de la Facultad de Derecho UCSC valoró especialmente el alcance de la decisión adoptada por la Corte Interamericana. "El fallo de la Corte reconociendo todas y cada una de las violaciones alegadas y logradas acreditar importan, en mi caso, una enorme satisfacción, considerando los varios años de trabajo, junto a mis compañeros defensores y peritos ante la Corte, y las varias décadas que debieron esperar nuestros representados por un reconocimiento de carácter internacional de sus derechos afectados", afirmó.

Para el Decano de la Facultad de Derecho UCSC, Dr. Carlos Céspedes, la participación de la profesora constituye un reconocimiento al nivel académico de la Universidad: "Es motivo de mucho orgullo, pues la profesora Melgarejo, además de ser profesora de la Facultad, es ex alumna de nuestra Casa de Estudios. Asimismo, se demuestra la capacidad y alto nivel de nuestros académicos".

La autoridad universitaria agregó que este tipo de experiencias representa una valiosa oportunidad formativa para las futuras generaciones de abogados. "Este tipo de instancias son muy importantes, no solo desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos, sino también para la experiencia de nuestros estudiantes, quienes ven una senda profesional en la cual pueden desarrollarse competentemente", concluyó.