· La presidenta del gremio, Macarena Cepeda Godoy, explicó que desde la entrada en vigor de la ley que prohibió la actividad industrial sobre el recurso, la evaluación es “desastrosa”, enfatizando en que existen capacidades instaladas para retomar la pesca industrial de la jibia en Biobío y complementar la labor que realiza el sector artesanal, de forma de abastecer las plantas de proceso a lo largo de todo el año y fortalecer la posición internacional de Chile como potencia pesquera.

· El balance surge luego de la denuncia realizada por la ONG Environmental Justice Foundation que alertó a Chile por la sobreexplotación del recurso en aguas internacionales. Ante ello, la ejecutiva dijo que el país debe trabajar de manera sostenible sobre sus recursos naturales y no dejar que las flotas extranjeras que operan sin control en el límite de la Zona Económica Exclusiva se hagan de la riqueza y del trabajo que podría quedar en comunas como Lota, Coronel o Talcahuano.

Un reciente informe de la Environmental Justice Foundation (EJF) dio cuenta de que la jibia (Calamar Gigante), uno de los principales recursos pesqueros chilenos, se encuentra amenazada producto de la masiva instalación de más de 500 buques chinos en altamar que capturan este molusco transoceánico en el límite de la Zona Económica Exclusiva, lo que ha abierto un debate en torno a la su captura y manejo eficiente en aguas nacionales.

En ese contexto, la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda Godoy, reveló que solo en 2025 cerca de 100.000 toneladas de jibia autorizadas para su captura quedaron en el mar, una tendencia que se repite año a año y que debilita la posición internacional de Chile, uno de los principales países productores del mundo.

A juicio del gremio, esto se debe a que, desde agosto de 2019, la pesca industrial no puede participar de la pesca de la jibia, tras la promulgación de la Ley 21.134 que excluyó al sector de su captura y que generó el inmediato cierre de cuatro plantas de proceso ubicadas en Talcahuano, Coronel y Lota, además de la pérdida de unos 1.700 empleos.

“La Ley de la Jibia es por lejos la peor política pública en materia pesquera en la historia de Chile. Ahora en perspectiva podemos entender que esta iniciativa buscaba desindustrializar y hacer decrecer al país y la verdad es que lo lograron: desde 2019 han quedado en el agua casi 800 mil toneladas de recurso que no se han podido procesar, nuestra zona perdió cientos de empleos, cerraron fábricas y se dejaron de percibir unos US$1.500 millones en exportaciones. Es, sin duda, creación de pobreza por ley. Un verdadero desastre”, explicó.

“Casi 100 mil toneladas de jibia sin capturar no solo significan recursos disponibles que quedan en el mar, sino que fuentes de trabajo inactivas y encadenamientos productivos que se encuentran paralizados por una pésima ley. El país no puede darse el lujo de dejar recursos estratégicos sin aprovechar, especialmente cuando enfrenta una competencia creciente en el borde de su Zona Económica Exclusiva”, destacó.

Más encadenamientos productivos y más trabajo artesanal

Por ello, frente al reciente informe de la EJF que explicita una amenaza a la sostenibilidad del recurso, Cepeda reiteró la necesidad de evaluar una apertura acotada para la captura de jibia por parte de la flota industrial.

“Proponemos volver a echar a andar las plantas que procesan jibia a través de un abastecimiento permanente y continuo que la flota artesanal no puede brindar. Es decir, complementar lo que ellos nos entregan con capturas de nuestros barcos que pueden trabajar en cualquier condición climática”, argumentó.

“Desde hace años que la Región del Biobío vive una situación compleja de desempleo, con cifras que bordean los dos dígitos, cierre de empresas y debilitamiento de las industrias que han caracterizado históricamente a esta zona del país. Por ello creemos que hay una oportunidad y también un desafío, porque la región necesita empleos, divisas y empresas, pero también la oportunidad de hacer que la riqueza y el trabajo que hoy se están llevando las flotas extranjeras que operan sin control en aguas internacionales, se quede en comunas como Lota, Coronel o Talcahuano”, finalizó.

· El gremio además advirtió que la indicación que dejó el problema exclusivamente en el Biobio provino del diputado Miguel Ángel Calisto de Demócratas, pero con la aprobación de la diputada comunista por Coronel y Talcahuano, Candelaria Acevedo, parlamentaria que precisamente representa las comunas que se verán más afectadas por la medida del Gobierno.

Esta tarde, a proposición de la Subsecretaría de Pesca, la comisión adhoc de la Cámara de Diputados resolvió aprobar subastas para las cuotas de pesca vigentes para la pesca industrial, esto se suma a la reducción del acceso a recursos pesqueros que generó la recién aprobada Ley de Fraccionamiento.

“Este es un golpe de gracia del Gobierno a nuestra actividad. Nos enfrentamos a perder hasta el 60% de las cuotas actuales con la propuesta del Ejecutivo y con ello se hace inmediatamente inviable la operación de Landes en Talcahuano y FoodCorp en Coronel, además de la planta de conservas de Camanchaca en la misma comuna, pues esas plantas industriales no pueden operar con el 40% de lo que hoy procesan”, explicó la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío Macarena Cepeda Godoy.

Cepeda se declaró consternada por lo ocurrido y lo consideró una burla para la Región del Biobío y para el Plan de Fortalecimiento Industrial que el Ministerio de Economía impulsa para la zona. “Nos repiten por la prensa que la idea tras el cierre de Huachipato es recuperar la capacidad industrial de la región; sin embargo, las mismas autoridades de la cartera de economía trabajan incansablemente para cerrar empresas pesqueras, eliminar empleos formales y de calidad y dañar la capacidad de producción de alimentos de alto valor agregado en nuestra zona”, señaló.

La dirigenta gremial explicó que lo aprobado impacta casi exclusivamente a la Región del Biobío, pues las subastas serán solo para las cuotas de recursos pelágicos, capturas que son el corazón y motor de la pesca industrial. “Lo que propone el gobierno es un misil a la línea de flotación de la actividad pesquera industrial del Biobío, pues sólo afecta al jurel, la sardina y anchoveta y la reineta. Un diseño político desde el corazón ideológico del Gobierno destinado a enterrar nuestra actividad y de paso desatando una crisis social y económica de proporciones en esta parte del país”, dijo Macarena Cepeda.

El gremio además advirtió que la indicación que dejó el problema exclusivamente en el Biobio provino del diputado Miguel Ángel Calisto de Demócratas, pero con la aprobación de la diputada comunista por Coronel y Talcahuano, Candelaria Acevedo, parlamentaria que precisamente representa las comunas que se verán más afectadas por la medida del Gobierno.

“Quiero hacer un llamado al sector productivo y empresarial del Biobío a solidarizar con nuestra actividad y abandonar definitivamente el Plan de Fortalecimiento que impulsa el Gobierno en la zona. Como gremio creemos que se ha jugado con la buena fe de quienes allí participan, pues sólo se busca mantener artificialmente la paz social ante el grave e inexorable deterioro económico, social y productivo del Biobío que ha ocasionado este Gobierno en la Región del Biobío”, señaló la dirigenta empresarial.

La presidenta de los Pescadores Industriales criticó duramente el doble discurso del Ministerio de Economía de persistir en las subastas de los permisos en uso del sector industrial, pues “este asunto ya está zanjado. Las licitaciones de los permisos de pesca fueron discutidas en Comisión Mixta en el proceso de discusión de la Ley de Fraccionamiento y fueron rechazadas en una instancia legítima y democrática. Ya se traspasaron US160 millones de dólares en pesca al sector artesanal. La Pesca Industrial no puede ahora financiar la protección social del mundo artesanal, si bien es necesaria, no puede ser a costa de un sector que no resiste más decrecimiento”.