Director del Magíster en Tributación

Universidad Andrés Bello

La reciente creación de un consejo de Gobierno Corporativo en el Servicio de Impuestos Internos (SII), como parte de la Ley Antievasión, representa un paso relevante en el fortalecimiento del sistema tributario chileno. Puesto que, antes de su creación, el poder tributario estaba fundamentalmente concentrado en la figura del Director Nacional del SII. Por tanto, este nuevo órgano no solo busca reforzar la transparencia en la gestión fiscal, sino también dotar de mayor efectividad a las decisiones estratégicas en la lucha contra la evasión y elusión tributaria.

En su esencia, el consejo fiscal emerge como una herramienta para modernizar la estructura del SII, permitiendo centralizar decisiones clave sobre fiscalización, interpretación normativa y supervisión de contribuyentes con mayor riesgo de incumplimiento. Este enfoque sistemático y coordinado es particularmente relevante en un contexto donde la ciudadanía exige no solo rigor en la recaudación, sino también eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Existe amplia evidencia de la importancia de un buen Gobierno Corporativo como herramienta para mejorar la gestión, tanto de empresas privadas, como de organizaciones gubernamentales, como el SII. Sin embargo, para que esta medida alcance su máximo potencial, será determinante asegurar la independencia del consejo y su conformación por expertos con alta capacidad técnica. Solo así se podrá evitar cualquier percepción de arbitrariedad o interferencia política, garantizando que sus resoluciones sean percibidas como justas y basadas en criterios objetivos.

Sin embargo, no debemos ignorar los retos que plantea esta iniciativa. La creación de nuevos órganos implica costos operativos adicionales y la necesidad de coordinar su labor con las áreas existentes del SII. En un escenario de alta presión por parte de la ciudadanía para mejorar la eficiencia del Estado, el éxito del consejo dependerá en gran medida de su capacidad para operar de manera sostenible y transparente.

Este avance no es solo técnico, sino también simbólico y político. Refleja un compromiso renovado por parte del SII hacia un modelo de gobernanza más robusto, orientado a combatir la evasión fiscal y construir confianza en el sistema tributario. El desafío será convertir esta innovación institucional en un referente de buen gobierno corporativo, capaz de demostrar que la modernización del aparato estatal no solo es posible, sino necesaria.

En síntesis, el consejo fiscal del SII tiene el potencial de marcar un antes y un después en la administración tributaria chilena. Sin embargo, como con toda reforma estructural, su éxito dependerá de su implementación y de su capacidad para responder a las expectativas de un país que clama por justicia y eficiencia tributaria.

Director del Magister en Tributación

Universidad Andrés Bello

La primera de tres alzas en las tarifas de energía eléctrica comenzó a regir este mes. Se trata de una medida que de inmediato generó repercusiones sociales y políticas, pero que, sin embargo, aún no está completa, pues se prevé incrementos entre 2024 y 2025. Las estimaciones iniciales sugieren que este primer aumento podría situarse entre un 30% y un 50%. Ante esta situación resulta crucial entender los factores que han llevado a este aumento y evaluar las posibles soluciones propuestas por el gobierno.

Aquí quizás es necesario repasar algunos aspectos básicos. El mercado eléctrico en Chile se caracteriza por ser un monopolio natural, regulado por organismos como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC y el Ministerio de Energía. Existen barreras de entrada importantes para su gestión, como la inversión y la necesidad de tener un número relevante de clientes para que el negocio sea rentable para los distintos actores, lo que hace más conveniente tener una menor cantidad de oferentes.

Otro aspecto a destacar es que se divide en tres grandes eslabones: la generación, la transmisión y la distribución. La generación, que representa aproximadamente el 70% del costo final y está a cargo de empresas que producen electricidad mediante diversas fuentes como agua, viento, sol y carbón. La transmisión, que aporta un 20% al costo final, se encarga de llevar la energía desde los puntos de generación hasta las ciudades. Por último, la distribución, que representa solo el 10% del costo, lleva la electricidad directamente a los hogares.

El problema de las tarifas eléctricas se originó a finales de 2019, durante el estallido social. Con el objetivo de evitar un aumento proyectado del 10%, el gobierno del presidente Piñera implementó un mecanismo para estabilizar los precios de la energía, congelando las tarifas por varios años. Sin embargo, esta medida creó una deuda del Estado con las generadoras de electricidad que rápidamente superó los límites establecidos. En primera instancia, esta deuda no podía superar los 1.350 millones de dólares.

El gobierno actual, bajo la administración del presidente Boric, ha intentado manejar la situación mediante un nuevo decreto tarifario que volvió a congelar las tarifas y elevó la deuda hasta los 5.500 millones de dólares. No obstante, mantener congeladas las tarifas a largo plazo ya no es sostenible económicamente y podría tener consecuencias más graves.

Se estima que unos 5 millones de hogares serán afectados por esta variación, por lo que el gobierno ha propuesto aumentar la cobertura del subsidio eléctrico dirigido a las familias de menores ingresos como medida política y económica. El beneficio pretende ir en ayuda de 1,5 millones de clientes, pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares. Sin embargo, este aumento también afectará a las empresas e industrias, que verán incrementados sus costos operativos. Estos costos adicionales probablemente se trasladarán a los precios finales, impactando nuevamente a las familias.

Teniendo esto en cuenta, es fundamental buscar una solución integral que aborde tanto los factores internos como externos que contribuyen al aumento de las tarifas, asegurando al mismo tiempo una financiación adecuada para los subsidios sin descuidar otras necesidades del país y prepararse para el proceso que vendrá en las próximas alzas.

José Navarrete Oyarce

Director del Magíster en Tributación

Universidad Andrés Bello

Hace algunos días, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que está en un proceso cuyo objetivo es regular los “consejos” financieros que actualmente se están difundiendo a través de redes sociales por los denominados influencers. Según la CMF, nadie debería dar asesoría financiera, independientemente del medio utilizado, sin estar inscrito en la CMF.

Actualmente, circulan por las distintas redes sociales varias personas cuyo tema de conversación son las finanzas. Muchos de ellos se orientan a la educación en este sentido; sin embargo, otros utilizan la plataforma para recomendar inversiones específicas. Es sobre estos últimos que la CMF ha puesto su atención.

La educación financiera busca explicar la relación entre una persona y el flujo de dinero, es decir, pone énfasis en cómo administrarlo e invertirlo, aunque sin recomendar inversiones específicas, sino solo en términos generales. Existe una delgada línea entre la educación y la asesoría financiera, ya que muchos influencers, bajo la etiqueta de educación, terminan recomendando inversiones específicas con las que, en la mayoría de los casos, tienen una relación comercial. Esto no es, por definición, malo, sino que, como indica la CMF, debe ser regulado.

La gran virtud de las redes sociales es que incorporarse a ellas es prácticamente gratis. Cualquier persona con un teléfono celular e internet puede comenzar a transmitir contenido, que podría ser completamente inofensivo y solo con el objetivo de divertir, pero también podría tener otros fines. Actualmente, las redes sociales se han transformado en poderosas plataformas comerciales, donde muchas personas ofrecen servicios de toda índole, aprovechando la escasa inversión y el gran alcance que estas pueden tener.

Desde mi punto de vista, las finanzas de una persona son tan importantes como su salud. Así como ante un problema médico se recurre a un profesional certificado, en caso de necesitar asesoría sobre inversiones, la lógica debería ser la misma. En ese sentido, la CMF va en la dirección correcta al comenzar a regular este tipo de contenido. Es importante señalar que existen personas muy valiosas que divulgan tópicos de finanzas a través de redes sociales, como, por ejemplo, Francisco Ackermann, quien tiene más de 500 mil seguidores en Instagram y cuyo foco está en la educación financiera. En el otro extremo, hay influencers que ofrecen grandes ganancias gracias a inversiones en criptomonedas, por ejemplo, cuya responsabilidad se diluye en caso de problemas posteriores. Sin duda, la regulación en este ámbito es muy necesaria.

Es esencial mantener una actitud crítica y prudente. La iniciativa de la CMF no solo apunta a proteger a los consumidores, sino también a fomentar un ambiente de transparencia y responsabilidad. En este sentido, el discernimiento se convierte en nuestra mejor herramienta para diferenciar entre el contenido educativo y las recomendaciones que podrían no tener nuestros mejores intereses en mente. En última instancia, una regulación adecuada ayudará a que las plataformas digitales se conviertan en espacios más seguros y confiables para todos.

Director Magíster en Tributación

Universidad Andrés Bello

La economía es, probablemente el factor más importante en la gestión de un país, puesto que cuando hay una vorágine económica, todos disfrutan de ella, sin embargo, cuando hay un declive económico, sin las clases menos favorecidas las que más sufren. Como olvidar la frase “es la economía, estúpido” atribuida a Bill Clinton, para poner de manifiesto la importancia que para el ciudadano común tiene este aspecto.

Los impuestos están ligados al desempeño económico, puesto que la cuantía de estos aumenta en forma proporcional a la actividad económica, independiente de la tasa. Existe evidencia que los inversionistas suelen buscar jurisdicciones con menores tasas de impuestos, por tanto, existe una relación inversa, a menor tasa de impuestos, mayores inversiones. A pesar de esa evidencia, el Gobierno ha ido en el sentido contrario, tratando de aumentar la carga impositiva en el rechazado proyecto de “Pacto Fiscal” enviado hace un tiempo.

Durante la última cuenta pública, el presidente Boric destacó el envío de un nuevo “Pacto Fiscal” por el crecimiento económico, progreso social y responsabilidad fiscal, así como un proyecto de reforma al impuesto a la renta, cuyo objetivo es financiar el gasto público y con ello, cumplir las expectativas de la economía. La pregunta es ¿en qué dirección irán estos proyectos? Para responder esto, hay que mencionar que el ministro Marcel hace unos días, en el marco del Chile Day en Canadá, adelantó algunas ideas respecto a esto, indicando que la propuesta incluye una rebaja del impuesto corporativo, del actual 27% para las grandes empresas a un 25%, tasa que actualmente tienen las empresas acogidas al régimen Pyme. Además, se mostró abierto al diálogo de ser necesaria una disminución mayor, considerando que existen actores como Confederación de la Producción y el Comercio, que apuntan a una rebaja mayor, llevando la tasa a un 23%, con una eventual compensación a través de impuestos personales a los dividendos.

Desde mi punto de vista, una rebaja en la tasa de impuesto a la renta va en la línea correcta, como se dijo anteriormente, existe evidencia sólida que indica que con menores tasas se atraen inversiones y con mayores inversiones, se generan más empleos, siendo este último punto el más importante para el “ciudadano común”, el que tendría una mejor percepción de la situación general del país, en la medida que tenga trabajo y un ingreso justo.