La formación de profesores enfrenta un desafío que no podemos ignorar: la disminución sostenida de las matrículas en carreras de Pedagogía. De acuerdo con la revisión de antecedentes del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, realizada en 2025, la tendencia mostró una caída a nivel nacional hasta 2022 y un leve repunte desde 2023. Sin embargo, la disminución persiste en Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, una realidad que también se observa en las regiones del Biobío y Ñuble. En una década, entre 2016 y 2026, la reducción alcanza aproximadamente un 10%.

¿Qué explica este fenómeno? Entre los factores identificados se encuentran la acreditación obligatoria de las carreras de Pedagogía, que implicó el cierre de algunos programas; los efectos de la pandemia en el acceso a la educación superior, y el aumento de los requisitos de ingreso. A ello se suman las inquietudes de los propios estudiantes frente a los desafíos que supone enseñar en la actualidad.

No obstante, centrar la discusión únicamente en cuántos estudiantes ingresan sería abordar solo una parte del problema. También debemos preguntarnos cuántos permanecen en el sistema escolar. Se ha reportado que cerca de un 20% de los profesores abandona la profesión antes de cumplir cinco años de ejercicio. Esta cifra nos obliga a mirar la trayectoria docente de manera integral, desde el ingreso a la formación inicial hasta el desarrollo profesional.

Frente a este escenario, necesitamos estrategias que permitan identificar y acompañar a quienes cuentan con vocación, capacidades y disposición para asumir los desafíos de la enseñanza. Esto no significa flexibilizar los requisitos para ingresar a Pedagogía sin criterios claros, sino diversificar las vías de acceso para reconocer distintos talentos. En este sentido, los programas de talento pedagógico constituyen una oportunidad que requiere un mayor impulso desde las políticas públicas.

Asimismo, es fundamental aprovechar las evaluaciones diagnósticas nacionales obligatorias para monitorear el progreso de los estudiantes desde el primer año de formación. Complementar estos resultados con indicadores de ingreso y evidencia sobre las trayectorias formativas permitiría evaluar las estrategias implementadas y tomar decisiones más pertinentes para cada contexto.

Sin embargo, ninguna medida será suficiente si no avanzamos como sociedad en la valoración de la profesión docente. Atraer nuevos estudiantes es importante, pero también lo es generar condiciones para que quieran permanecer, desarrollarse y construir una trayectoria profesional en las aulas.

El desafío, por tanto, no consiste únicamente en recuperar las matrículas, sino en fortalecer una profesión esencial para el desarrollo del país. Para lograrlo, necesitamos políticas sostenidas, formación de calidad y una sociedad que reconozca, valore y cuide a sus profesores y profesoras.

Dra. Carolina Aparicio Molina

Académica Facultad de Educación UCSC e investigadora del Centro Interdisciplinar de Investigación en Educación y Desarrollo (CIEDE) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC)

El Centro de Investigación e Innovación en Niñez, Adolescencia, Resiliencia y Adversidad (IINARA), financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a través de ANID, reúne a investigadores e investigadoras de seis universidades del país y cuenta con una estructura de gobernanza que articula a instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos regionales y actores de reconocida trayectoria en políticas públicas, además de incorporar la participación de niños, niñas y adolescentes y una red de colaboración internacional.

Con el objetivo de articular conocimientos de la neurociencia, la psicología, la psiquiatría, la economía, la educación y otras disciplinas, para así comprender mejor cómo la adversidad afecta el desarrollo de niños, niñas y adolescentes y promover trayectorias resilientes con impacto concreto en políticas públicas, este martes se lanzó el Centro de Investigación e Innovación en Niñez, Adolescencia, Resiliencia y Adversidad (IINARA).

Este centro de interés nacional, que cuenta con el financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), nace con la vocación de generar investigación interdisciplinaria de alto estándar científico, con capacidad de diálogo y articulación con las políticas públicas de niñez y adolescencia en Chile. Es impulsado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, U. de Chile, U.  Católica del Norte, U.  del Desarrollo, U.  Diego Portales y U.  O’Higgins.

A este trabajo se suma una red de colaboración con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la niñez, municipios y gobiernos regionales. El Centro cuenta, además, con la participación de investigadores e investigadoras pertenecientes a universidades internacionales como Harvard, NYU y la Universidad de Shanghái, entre otras.

El principal objetivo es que el conocimiento generado trascienda las publicaciones académicas, generando mejores condiciones de desarrollo, protección y bienestar para niños, niñas y adolescentes del país, construyendo puentes entre disciplinas y contribuyendo al fortalecimiento de políticas públicas. “Hoy sabemos mucho más que hace algunas décadas sobre cómo las experiencias tempranas influyen en la salud, el aprendizaje y el bienestar, por lo que es fundamental que ese conocimiento interactúe, se integre y se sume a la toma de decisiones”, aseguró Francisco Aboitiz, PhD en Neurociencias y director de IINARA.

El lanzamiento del Centro IINARA se desarrolló en la Universidad Católica, y contó con la participación de la ministra de Desarrollo y Familia, María Jesús Wulf, quien sostuvo que “es un deber que los distintos esfuerzos que se realizan generen impacto y oportunidades, y por eso quiero felicitar este esfuerzo académico que se está realizando para quienes más lo necesitan, los niños de nuestro país”. El rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, complementó en la misma línea: “Estamos frente a un problema que es extraordinariamente complejo, multidimensional, que requiere mucha interdisciplina y transdisciplina, y por lo tanto que se haya organizado esta fuerza de tarea gigantesca entre seis universidades de Chile, que cubren además una parte importante de nuestro territorio, nos parece fundamental”.

El desafío que convoca al Centro no es menor. De acuerdo con distintos estudios, un 62,5% de los niños, niñas y adolescentes sobre 5 años en Chile han sido víctimas de algún método violento de disciplina (ELPI, 2017); un 22,5 % de los menores de 18 años vive en pobreza multidimensional (Encuesta Casen, 2024); un 13,3% de los jóvenes está bajo tratamiento de salud mental (INJUV, 2017); y un 54,4% de la población declara haber vivido al menos cuatro experiencias adversas durante la niñez (Ramírez et al., 2022). Además, en el ranking de bienestar infantil del Informe Report Card Innocenti de UNICEF 2026, que compara a 39 países, Chile se ubica en el lugar 37, con brechas particularmente marcadas en salud mental y competencias para el desarrollo.

“Como Centro de interés nacional, IINARA busca ser un espacio de articulación entre la generación de conocimiento inter y transdisciplinario, y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a al bienestar y resguardo de derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país”, comentó Alejandra Arratia, directora ejecutiva de IINARA y ex subsecretaria de Educación. Por su parte, Florencia Álamos, presidenta ejecutiva de IINARA, agregó que “necesitamos que las políticas públicas se sustenten cada vez más en el conocimiento científico, y este lanzamiento es un paso concreto para que ese diálogo entre ciencia y política pública se consolide”.

Una gobernanza que conecta la investigación con actores públicos y sociales

Una de las características de IINARA es su modelo de gobernanza. Cuenta con un Consejo Asesor Nacional que busca fortalecer la colaboración del Centro con instituciones de interés nacional, organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil, municipios y gobiernos regionales. Aquí participan los ministerios de Desarrollo Social y Familia, de Educación y de Salud, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, JUNAEB, UNICEF, Fundación Colunga, la Defensoría de la Niñez y los gobiernos regionales de las regiones Metropolitana y de La Araucanía, entre otras instituciones.

A esa instancia se suma el Consejo de Políticas Públicas de IINARA, integrado por un grupo transversal de profesionales de reconocido compromiso con la niñez: Ignacio Sánchez, ex rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile  y actual presidente de Fundación Aequalis; José Joaquín Brunner, consejero del Consejo Nacional de Educación (CNED);  Adriana Delpiano, ex ministra de Educación y Defensa; Sylvia Eyzaguirre, consejera del Consejo Nacional de Educación; Álvaro Fischer, ex integrante del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo; Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro; Felipe Kast, ex senador de la República; Isabella Luksic, vicepresidenta de Fundación Luksic; Lucía Santa Cruz, parte del directorio del Teatro Municipal de Santiago; Verónica Silva, ex subsecretaria de la Niñez; y Rafael Torres, profesor titular de Psiquiatría de la Facultad de Medicina UC.

Ambas instancias forman parte de una estructura de gobernanza más amplia que contempla también un Consejo Directivo, un Consejo Internacional y un Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, reforzando la vocación de IINARA de producir conocimiento científico en diálogo con distintos saberes, instituciones y experiencias.

El plan busca llegar antes a las familias en riesgo y responder mejor a los cerca de 5.000 niños que hoy viven en residencias de protección, en un momento en que la demanda de las Oficinas Locales de la Niñez ha crecido 42% en un año.

El Presidente José Antonio Kast y la ministra María Jesús Wulf presentaron este lunes el “Plan Chile Cuida a los Niños”, la hoja de ruta de niñez para el período 2026-2030, que busca fortalecer la capacidad del Estado para prevenir vulneraciones, apoyar a tiempo a las familias y mejorar la protección de los niños y adolescentes que hoy requieren atención especializada.

La presentación se realizó en el Centro Comunitario Santiago en Compañía, en la comuna de Santiago, y reunió a autoridades de gobierno, municipios, parlamentarios y organizaciones vinculadas a la niñez.

“Chile Cuida a los Niños parte de una convicción: como sociedad tenemos que llegar antes. Antes de que una dificultad familiar se transforme en una crisis, antes de que la violencia se agrave, antes de que un niño sea captado por el crimen organizado. Y cuando la prevención no fue suficiente, tenemos que ser capaces de responder mejor y proteger oportunamente a quienes más lo necesitan”, afirmó la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.

El plan busca responder a un escenario que el Gobierno calificó de crítico. La demanda de atención de las Oficinas Locales de la Niñez, que operan en las comunas para detectar a tiempo situaciones de riesgo y acompañar al niño junto a su familia antes de que el daño se agrave, ha crecido 42% en un año, atendiendo a 187.449 niños y otros 5.788 esperan atención. A ello se suma la situación de quienes requieren protección especializada: cerca de 5.000 niños viven hoy en residencias -599 de ellos menores de cuatro años- y 1.729 esperan atención de psiquiatría infantil y adolescente.

Chile Cuida a los Niños comprende un eje preventivo y uno de protección. Las principales iniciativas son:

PREVENCIÓN

1. Implementación del Programa de Parentalidad Positiva (Triple P). Es un sistema basado en evidencia, aplicado en más de 30 países, que entrega herramientas prácticas a padres, madres y cuidadores para mejorar la crianza de niños y adolescentes. Atenderá a 2.700 familias en su primera etapa, dejando capacidad instalada para 25.000 familias hacia el final del Gobierno. Solo en el primer trimestre de 2026 las Oficinas Locales registraron 8.323 alertas por necesidad de apoyo a la crianza sin una metodología común para responderlas.

2. Traspaso de Senda Previene al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Se presentará un proyecto de ley para traspasar las áreas de prevención y tratamiento del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, además se revisará la posibilidad ampliar sus tratamientos hacia la prevención y rehabilitación de adicciones no referidas a sustancias, como la ludopatía y la adicción a la pornografía, entre otras.

3. Ampliación de Chile Crece Contigo. Con un aumento de 1.900 millones de pesos, el componente de apoyo a la crianza y competencias parentales amplía su cobertura en al menos 40 comunas, llegando a 87 en total, junto con una hoja de ruta para extender el acompañamiento del subsistema hasta los 18 años.

4. Prevención de la violencia letal contra niños y adolescentes. Se pone en marcha un centro piloto de prevención de violencia letal en La Legua Emergencia, San Joaquín, junto al municipio, la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Servicio Nacional de Protección Especializada. El Sistema de Prevención de Violencia Letal registra hoy 437 niños y adolescentes con alertas activas, y en 228 de esos casos hay exposición directa o indirecta a homicidios consumados o frustrados.

5. Coordinación para evitar que niños caigan en el crimen organizado. Junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través del Programa Lazos, se realizará una estrategia de trabajo interministerial para la atención de niños y adolescentes entre 10 y 17 años en riesgo de involucrarse en actividades delictuales.

6. Sistema de información integrado. Permitirá a las distintas instituciones que atienden a un niño acceder a su trayectoria completa y detectar a tiempo las señales de riesgo, en vez de reconstruirse cuando el daño ya ocurrió.

7. Fortalecimiento de las Oficinas Locales de la Niñez. Capacitación continua y acompañamiento a los equipos, para disminuir la sobrecarga, mejor intervención y más prevención.

PROTECCIÓN

1. Proyecto de ley contra la explotación sexual y el crimen organizado en residencias. Ingreso durante septiembre del proyecto de ley de medidas contra la explotación sexual en residencias. De las 253 residencias del sistema, cerca de 20 están hoy bajo amenaza de redes de explotación sexual y del crimen organizado. El proyecto establece para ellas un régimen transitorio de protección reforzada: control de entradas y salidas, incautación de drogas y armamento, vigilancia remota, patrullaje focalizado en el perímetro y reserva de identidad de denunciantes y víctimas.

2. Ampliación del plan “Crecer en Familia”. Este plan busca que los niños menores de cuatro años que hoy viven en residencias de protección (lo cual ocurre a pesar de la ley 21.430 que establece la prohibición general de enviar niños menores de edad a residencias) crezcan en familias de acogida. Comenzó como piloto en las regiones Metropolitana, Valparaíso y La Araucanía, donde hemos logrado des institucionalizar a 81 niños de 0 a 3 años en lo que va del año, y que durante 2026 se extenderá a todo el país. Junto a ello se fortalecerá el acogimiento familiar, reduciendo los tiempos de evaluación de las familias sin bajar las exigencias. Además se acompañará con fortalecimiento en los apoyos económicos, técnicos y psicosociales a las familias que asumen el cuidado.

3. Cobertura completa de la lista de espera en programas especializados en explotación sexual. Al cierre del primer semestre de 2026 había 192 niños esperando ingreso a un programa especializado. El plan compromete cubrir la totalidad de esa lista, comenzando en 2027 con la reducción de la lista de espera y el despliegue progresivo de nuevas plazas en todas las regiones.

4. Circuito de Protección Integral contra la explotación sexual. Piloto durante 2026 en las regiones del Maule y de Magallanes y la Antártica Chilena, con extensión a cuatro regiones en 2027 y meta de cobertura nacional al 2030. El circuito permite que las instituciones actúen articuladas desde la primera sospecha, sin esperar a que el caso escale.

5. Priorización de las listas de espera de salud física y mental de los niños que viven en residencia, en coordinación con el Ministerio de Salud. Hoy 1.729 de ellos esperan una atención de psiquiatría infantil y de la adolescencia.

6. Fortalecimiento de control y auditoría en residencias. Implementación total del Sistema Nacional de Rendición Electrónica de Cuentas, con la meta de que el 100% de los proyectos rinda por esa vía durante 2026, aumentando el control y auditoría al interior de las residencias.

7. Elevar el estándar de seguridad y salud en el cuidado residencial. Durante 2026 entran en vigencia cuatro protocolos nacionales: prevención y manejo del riesgo suicida, actuación frente a hechos de violencia entre pares, ingreso de niños bajo efectos de alcohol u otras sustancias, y cadena de custodia de objetos ilícitos, este último acordado con el Ministerio Público. En paralelo, el 80% de las residencias focalizadas implementará las acciones del convenio con la Subsecretaría de Seguridad Pública.

La iniciativa articula al Ministerio de Desarrollo Social y Familia -a través de la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio Nacional de Protección Especializada- con los ministerios de Salud, Vivienda, Educación y Seguridad Pública, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y los municipios, e incluye nuevos proyectos de ley y otros ya en tramitación en el Congreso a los que el Gobierno dará respaldo y pedirá urgencia.

La iniciativa busca visibilizar y galardonar el aporte de empresas, líderes, organizaciones de la sociedad civil y políticas públicas que impactan positivamente en el bienestar de las personas. La postulación comienza el 1 de agosto y se extenderá hasta el 30 de septiembre.

Con un encuentro que reunió a destacadas personalidades del ámbito público, privado, gremial y académico, Cajas de Chile A.G., realizó el lanzamiento oficial del Premio Nacional de Protección Social 2026. En su segunda edición, el galardón busca reconocer a aquellas personas e instituciones que, a través de su trabajo e innovación, mueven la frontera del bienestar y la seguridad social en el país.

"El Premio Nacional de Protección Social es una iniciativa de Cajas de Chile que tiene por objeto distinguir a líderes, organizaciones y políticas públicas que contribuyan al bienestar y la protección social de los chilenos. Para nosotros, es un reconocimiento muy relevante, pues nos interesa realzar la labor del sector público y privado en esta materia", destacó Marcelo Forni, presidente del directorio de Cajas de Chile A.G.

Reconocimiento transversal en cuatro categorías

El certamen evaluará y premiará iniciativas en cuatro categorías clave:

La categoría Empresas reconocerá prácticas, programas e iniciativas laborales o comunitarias que promuevan la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Se entregarán distinciones en el segmento de Pequeñas y Medianas Empresas y Gran Empresa.

En Líderes, se distinguirá a personas que, por su trayectoria, carisma y compromiso, han impulsado cambios significativos en materia de protección social.

La categoría Organizaciones de la Sociedad Civil estará orientada a fundaciones, ONGs y agrupaciones sociales que desarrollan soluciones concretas a problemas de vulnerabilidad y contribuyan en mejorar la protección social de sus beneficiarios.

Por último, en Políticas Públicas se galardonará programas e iniciativas estatales de alto impacto, sostenibilidad y efectividad social.

La Superintendenta (s) de Seguridad Social, Patricia Soto, valoró el impacto de la iniciativa: "Estamos muy contentos de que Cajas de Chile, por segunda vez, lance este premio de protección social. Consideramos extremadamente importante que las distintas iniciativas que hoy se están implementando, tanto en el sector público como en el sector privado, puedan ser reconocidas y premiadas por todo el país. Creemos que la protección social tiene que liderar nuestro país, y por eso aplaudimos este premio e invitamos a la sociedad civil, al sector público, privado y a la academia a presentar sus distintas iniciativas".

El proceso deliberativo estará respaldado por un jurado de alto nivel y representatividad pública, integrado por Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile A.G.; Patricia Soto, superintendenta (s) de Seguridad Social; Enrique Paris, exministro de Salud; María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS); Jorge Burgos, presidente de la Asociación de Mutualidades; Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH); Paula Daza, exsubsecretaria de Salud Pública; Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo y Previsión Social; y Eduardo Olivares, editor de Economía y Negocios de El Mercurio.

Las postulaciones comenzarán el 1 de agosto y se extenderán hasta el 30 de septiembre, permitiendo tanto la postulación directa como la presentación de candidatos por parte de terceros de forma 100% digital a nivel nacional. La evaluación y preselección se llevarán a cabo durante el mes de octubre, para culminar con la ceremonia de premiación el jueves 19 de noviembre de 2026.

Para conocer más sobre las bases y realizar postulaciones, los interesados pueden ingresar a www.cajasdechile.cl.