CORE Marcelo Rivera denuncia uso irregular de más de $12 mil millones del Royalty Minero en el GORE Bío Bío

El consejero regional presentó un requerimiento ante Contraloría por presuntas reasignaciones ilegales de fondos, acusando al Gobierno Regional de actuar al margen de la ley y desconectado de las reales necesidades de la ciudadanía.

El consejero regional del Bío Bío, Marcelo Rivera, denunció al Gobierno Regional (GORE) del Bío Bío ante la Contraloría General de la República por el presunto uso irregular de $12.300 millones provenientes del Royalty Minero. Según indicó, los recursos habrían sido reasignados a proyectos que no cumplirían con los requisitos legales establecidos para este tipo de fondos.

El requerimiento se basa en dos modificaciones presupuestarias realizadas por el ejecutivo regional, las cuales —según Rivera— vulneran los límites fijados por el legislador tras el escándalo por el caso Fundaciones.

“El ejecutivo nos presenta una modificación presupuestaria en donde queda la partida, la cantidad de plata esta, queda libre de disposición, y eso el legislador lo cortó producto del caso de las fundaciones. En el momento en que se destapan casos de fundaciones, el legislador señaló que no más esta atribución de libre disposición y a criterio del gobernador o del ejecutivo que lidera al gobernador”, sostuvo Rivera.

El consejero fue además el único integrante del Consejo Regional que se abstuvo de votar a favor de dichas modificaciones, precisamente por advertir su falta de legalidad.

Desde el GORE, el gobernador regional Sergio Giacaman defendió el procedimiento argumentando que los gobiernos regionales sí tienen atribuciones para determinar el destino de estos fondos. “Contraloría establece claramente que son los gobiernos regionales los que definen cuáles son las inversiones productivas. Ya hay trayectoria anterior, hay dictámenes anteriores y nosotros nos basamos en ellos, además de consultas que realizamos este año vía telefónica y formalmente”, señaló Giacaman.

Y agregó: “Estamos absolutamente tranquilos porque hemos actuado de buena manera, basándonos primero en usar los recursos públicos como corresponde y segundo, en ese foco, en resolver los problemas de la ciudadanía con urgencia”.

Rivera, sin embargo, apuntó a una crítica más profunda, asegurando que el Gobierno Regional está actuando de espaldas a las necesidades reales del territorio, acusando de que existe una desconexión total con lo que la ciudadanía está pidiendo: seguridad, empleo y fortalecer el sistema de salud.

La Contraloría General deberá ahora pronunciarse respecto de la legalidad de estas modificaciones y establecer si existe o no responsabilidad administrativa en el uso de los recursos del Royalty Minero.