Por Frano Giakoni Ramírez, director del Magíster en Gestión Deportiva UNAB.
Hubo celebración frente al edificio del Gobierno Regional en Concepción y una promesa a la altura de la euforia: “Vamos a ser los mejores Juegos de la historia”. Odesur adjudicó al Biobío los Juegos Suramericanos de 2030 y, por primera vez, la principal cita multideportiva del continente se disputará en Chile lejos de Santiago. Es una gran noticia y merece celebrarse. Pero en la historia de los megaeventos, el día de la adjudicación suele ser el más fácil de todos.
Lo primero que vale la pena destacar es la señal. Chile organizó estos Juegos en 1986 y en 2014, ambas veces en Santiago, como casi todo lo que el país considera importante. Que esta vez la sede sea una región con estadios, lagunas, universidades y tradición deportiva propia no es un gesto menor. La comisión evaluadora de Odesur valoró precisamente eso: recintos ya existentes, conectividad y oportunidades de desarrollo deportivo y social. Descentralizar el deporte no consiste en repartir eventos como premios, sino en reconocer que el talento no nace solo donde está la infraestructura, y que la infraestructura tiene que salir a buscarlo.
Sin embargo, la adjudicación llega con una paradoja difícil de ignorar. Este mismo año, el Ministerio del Deporte canceló los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales por un recorte presupuestario. Eran 3.586 millones de pesos, la totalidad de lo destinado a ambos eventos, y más de 3.000 deportistas que esperaban competir en 22 disciplinas. Los Juegos Suramericanos, cuya inversión el gobierno regional estima entre 70 y 100 millones de dólares, son la vitrina; los Nacionales son la bodega donde se forma lo que después se exhibe. Un sistema deportivo que se entusiasma con organizar la vitrina continental mientras suprime la competencia que la abastece tiene, al menos, un problema de orden en sus prioridades.
El segundo desafío es el legado, palabra que todas las candidaturas usan y pocas logran sostener. El proyecto del Biobío contempla un centro acuático, un velódromo, un polideportivo de gimnasia, espacios para BMX, skate y canotaje slalom, y una villa que luego se convertirá en viviendas. Todo eso es valioso, pero un recinto deportivo no es legado por existir, sino por usarse. Santiago 2023 dejó siete sedes nuevas y 28 recintos mejorados, según la propia corporación organizadora, y aun así la devolución del Parque Estadio Nacional al IND no se cumplió en el plazo previsto, ante el reclamo de los propios deportistas. La lección es clara: construir es la mitad del trabajo. La otra mitad es quién administra, con qué presupuesto, con qué entrenadores y con qué programas, una vez que se apagan las luces.
Ningún anfitrión quiere quedar mal en la tabla. En Santa Fe, el Team Chile terminó cuarto con 49 oros y 175 medallas, y la tentación de medir el éxito de 2030 por ese número será enorme. Pero el medallero es un indicador engañoso para evaluar una política pública. Las preguntas que importarán en 2035 serán otras: cuántos niños de Talcahuano o Chiguayante entrenan en esos recintos, cuántos entrenadores con formación profesional tienen trabajo estable en la región, cuántos clubes crecieron y cuántos deportistas del sur dejaron de tener que mudarse a Santiago para competir en serio.
Ya en septiembre, el gobernador Sergio Giacaman planteaba que la inversión debía tener sentido “mucho después de 2030”. Es exactamente la vara correcta, y conviene tomarla en serio desde hoy, cuando todavía hay tiempo: el cronograma proyecta el diseño para 2027 y las obras entre 2028 y 2029. La gestión deportiva no es administración de eventos, sino política de desarrollo humano. Si el Biobío entiende los Juegos de esa manera, 2030 será el punto de partida de una generación de deportistas del sur. Si no, quedará el recuerdo de una fiesta memorable y unos recintos que el tiempo se encargará de vaciar.
