- La reforma reduce el impuesto corporativo del 27% al 23% para fomentar la competitividad y el empleo.
- Se implementa un mecanismo de invariabilidad tributaria de hasta 20 años a cambio de una sobretasa del 1,5%.
- El autor advierte que la necesidad de estos contratos especiales refleja una falta de consenso estatal sobre las reglas tributarias a largo plazo.
El paso a la cámara alta del grueso de la Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, el proyecto emblema del gobierno de José Antonio Kast, marca el triunfo legislativo más relevante de su administración desde que asumió y representa el cambio de orientación tributaria más significativo desde la reforma de 2014. En este contexto, resulta fundamental analizar dos de los elementos más relevantes del proyecto: la rebaja del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria.
El núcleo de la reforma es la reducción gradual del impuesto a la renta de las empresas, que bajará desde el 27% actual hasta el 23% en un plazo de algunos años, acercando a Chile al promedio de los países de la OCDE. En un escenario de bajo crecimiento económico y desempleo persistente, esta rebaja apunta directamente a mejorar la competitividad del país para atraer inversión y reactivar la creación de empleo formal.
El segundo elemento destacable es la invariabilidad tributaria, mecanismo que garantiza a los inversionistas que la tasa del impuesto corporativo aplicable a su proyecto no cambiará durante un período determinado, que oscila entre 10 y 20 años según el monto invertido. A cambio de esa certeza, las empresas acogidas deben pagar una sobretasa adicional del 1,5% sobre su impuesto corporativo, funcionando como la prima de un seguro.
Sin embargo, la necesidad de crear un mecanismo especial para garantizar estabilidad tributaria es, en sí misma, un síntoma preocupante. El vaivén constante entre gobiernos de distinto signo tiene un costo oculto: la incertidumbre acumulada, que termina encareciendo el capital, postergando decisiones de inversión y obligando al Estado a ofrecer contratos especiales para compensar la falta de confianza en la estabilidad de sus propias reglas.
Si bien los contenidos de esta reforma van en la dirección correcta, el hecho de que Chile necesite blindar contractualmente a ciertos proyectos revela que aún no contamos con una política tributaria de Estado. El desafío pendiente es construir un consenso amplio y duradero sobre las reglas tributarias del país, de manera que la certeza no dependa de un contrato especial, sino de la estabilidad misma del sistema.