DIPUTADOS DEL PDG EXIGEN INVESTIGAR PRESUNTO USO INDEBIDO DE VEHÍCULO FISCAL POR PARTE DE LA SEREMI DEL TRABAJO DEL BIOBÍO

Los parlamentarios Patricio Briones, Roberto Arroyo y Lilian Betancurt pidieron esclarecer las acusaciones contra la seremi del Trabajo del Biobío, Camila Álvarez, por un presunto uso de recursos públicos para fines particulares. Briones ofició al Ministerio del Trabajo y solicitó además antecedentes a la Contraloría Regional.

Los diputados Patricio Briones, Roberto Arroyo y Lilian Betancurt, representantes del PDG en la Región del Biobío, manifestaron su preocupación por la denuncia presentada ante Contraloría contra la seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Álvarez. Según los antecedentes conocidos, una exfuncionaria acusa un eventual uso de un vehículo institucional para actividades personales, además de otras posibles irregularidades relacionadas con redes sociales institucionales y el desempeño de funciones de una jefatura de gabinete. Arroyo concretó esta semana su regreso al PDG, colectividad que volvió a contar con 14 integrantes en su bancada.

Briones, representante del Distrito 20, ofició al Ministerio del Trabajo para conocer si se inició una investigación administrativa, solicitar las bitácoras y registros del vehículo involucrado y determinar si existió algún perjuicio fiscal. El requerimiento también pide establecer las medidas que se adoptarán en caso de acreditarse irregularidades y remitir los antecedentes a la Contraloría Regional del Biobío. “Cuando aparecen antecedentes que involucran el posible uso de bienes públicos para fines personales, nuestro deber es fiscalizar hasta despejar completamente las dudas. Aquí no corresponde adelantar culpabilidades, pero sí exigir que se entreguen las bitácoras, autorizaciones y todos los documentos necesarios para establecer qué ocurrió y si existió o no un uso indebido de recursos fiscales”, sostuvo Briones.

La denuncia presentada contra Álvarez señala que el automóvil fiscal habría sido utilizado para traslados a un café y a un establecimiento de salud antes de actividades oficiales. También incorpora cuestionamientos por un eventual uso de las redes sociales de la Seremi para favorecer a una parlamentaria y porque una persona habría ejercido funciones de jefatura de gabinete sin contar, presuntamente, con un vínculo jurídico vigente durante abril. La autoridad regional afirmó que se encuentra tranquila y que responderá por los canales institucionales una vez que sea formalmente notificada.

Arroyo, también representante del Distrito 20, planteó que el caso debe ser aclarado mediante una investigación objetiva. “La gente espera que quienes administramos o fiscalizamos recursos públicos tengamos un estándar especialmente alto. No podemos normalizar ninguna duda sobre el uso de vehículos, personal o plataformas institucionales. Si las actuaciones estuvieron ajustadas a la normativa, corresponde demostrarlo con antecedentes; y si hubo responsabilidades, tendrán que determinarse y aplicarse las medidas que correspondan”.

Por su parte, Betancurt, diputada por el Distrito 21 del Biobío, sostuvo que la situación requiere respuestas rápidas para resguardar la confianza en las instituciones. “La probidad no puede depender del cargo ni del sector político de una autoridad. Los recursos del Estado pertenecen a todos los chilenos y deben utilizarse exclusivamente para fines públicos. Por eso esperamos que el Ministerio y la Contraloría investiguen con rapidez, transparencia y sin ningún tipo de privilegio”, afirmó. La legisladora integra actualmente la bancada del PDG y representa a comunas de las provincias de Biobío y Arauco.