- La compra de armas depende de la dimensión del país, su economía y necesidades reales.
- La FACh evalúa opciones para reemplazar sus veteranos F-5 Tiger III tras cinco décadas.
- Expertos señalan que los altos costos obligan a priorizar inversiones como submarinos y F-16.
La eventual renovación de la flota de combate abre una discusión más amplia sobre presupuesto, amenazas, planificación de largo plazo y las capacidades que Chile necesita sostener.
Comprar el sistema de armas más avanzado disponible no significa necesariamente que sea el que un país necesita. Presupuesto, territorio, población, compromisos internacionales, amenazas y capacidad para sostener una inversión durante décadas forman parte de las variables que intervienen cuando un Estado define sus capacidades de defensa.
Esa discusión volvió a adquirir actualidad ante la eventual renovación de la flota de combate de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), especialmente por el futuro reemplazo de los F-5 Tiger III, que cumplen cinco décadas de servicio. Entre las alternativas mencionadas públicamente aparece el F-35 Lightning II, un avión de quinta generación, aunque hasta ahora no existe una decisión oficial de compra y la FACh ha señalado que evalúa distintas opciones.
Para el Dr. Manuel Gutiérrez, académico de la carrera de Licenciatura en Historia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) y Magíster en Seguridad y Defensa, la discusión debe analizarse más allá de las características técnicas de una aeronave y considerar primero cuáles son las necesidades estratégicas que el país busca resolver.
La “dimensión de país”
“Nuestro país tiene desde hace muchas décadas un principio básico en el área de defensa. Nuestras Fuerzas Armadas deben estar equipadas y preparadas según nuestra ‘dimensión de país’: economía, demografía, compromisos internacionales, vías de comunicación, etc.”, explica el Dr. Gutiérrez.
Desde esta perspectiva, la incorporación de nuevas capacidades no depende únicamente de disponer de una tecnología más avanzada, sino de cómo esta se relaciona con las necesidades, recursos y compromisos que Chile debe sostener en el tiempo.
“A diferencia de otros países del continente, tenemos una política de defensa bastante madura y responsable. No aspiramos a aventuras geopolíticas improvisadas”, sostiene el académico.
La pregunta, entonces, no es solamente cuál es el sistema más moderno disponible, sino qué capacidad necesita realmente el país y qué inversión puede mantener de manera coherente con sus propias condiciones.
Tecnología versus prioridades
En ese marco, una eventual incorporación de aviones de quinta generación debe evaluarse junto con otras necesidades de las Fuerzas Armadas.
“Significa un alto costo de inversión y mantención. No estoy seguro de si ese material sea hoy prioridad de compras para la defensa de Chile. Existe, por ejemplo, la obligación de reemplazar dos submarinos para la Armada y ese es un desembolso muy importante. Además, otra necesidad importante es la modernización y adaptación de los F-16 para la Fuerza Aérea”, señala Gutiérrez.
La renovación de material militar implica además una planificación de largo plazo. En el caso de los F-5, la FACh ha señalado que su reemplazo se proyecta hacia la próxima década y que la elección de una nueva plataforma debe considerar aspectos de mantenimiento, integración, sostenibilidad e implementación, además de sus capacidades operativas.
Para el académico, una de las preguntas centrales es si existirán los recursos y el respaldo político necesarios para sostener una capacidad de este tipo en el tiempo.
“Hay que ver si se contará con la voluntad política y los recursos necesarios a través del tiempo para mantener actualizados y bien mantenidos estos aviones. Hoy en día no está clara esta posición por parte del mundo político”, afirma.
A ello agrega el escenario internacional en el que se produciría una eventual adquisición. “En un mundo en guerra, es muy difícil y costoso adquirir estos aviones. Creo que nuestras necesidades de defensa hoy en día no ameritan esta compra y, por otro lado, hay que ver las necesidades que tiene Estados Unidos en vender material bélico y a quién se lo vende. No depende solo de Chile”.
Renovación no significa carrera armamentista
El escenario regional es otro de los factores que suele aparecer en este tipo de debates. Argentina ha comenzado a recuperar capacidades aéreas mediante la incorporación de F-16, mientras Perú avanza en procesos de renovación de material militar. Sin embargo, el Dr. Manuel Gutiérrez descarta que estos movimientos constituyan por sí mismos una carrera armamentista.
“No hay carrera armamentista en Sudamérica. La mayoría está reemplazando su material bélico según planificaciones diseñadas con años de anticipación. Nadie se encuentra en condiciones presupuestarias de aumentar las dimensiones de sus Fuerzas Armadas”, señala.
El académico de la UCSC menciona como ejemplo que Argentina postergó durante años distintas adquisiciones, mientras Perú enfrenta la necesidad de reemplazar parte de su matriz tecnológica de origen soviético, actualmente obsoleta.
“Todos dependen, además, de las importaciones tecnológicas militares de las grandes potencias, que hoy tienen preocupaciones muy distintas comparadas a un par de años atrás”, agrega.
Desde su perspectiva, tampoco corresponde interpretar una eventual modernización chilena como respuesta a una disputa por el Estrecho de Magallanes.
“No existe carrera por el Estrecho de Magallanes, ya que es ciento por ciento chileno, tal cual lo han declarado autoridades argentinas, norteamericanas y británicas”, sostiene.
La discusión sobre el reemplazo de los F-5 permite, de esta manera, observar un proceso más amplio que la elección de una aeronave. Definir capacidades de defensa supone ponderar amenazas, recursos, otras necesidades de las Fuerzas Armadas y la posibilidad de sostener las inversiones durante décadas.
Más que preguntarse únicamente cuál es el sistema más avanzado disponible, la decisión pasa por determinar qué necesita realmente Chile, para qué lo necesita y qué capacidad puede mantener de manera coherente con su propia “dimensión de país”.